El capitán de fragata (r) Carlos Tomasio ha implicado a Alan García en el caso del chuponeo de Business Track (BTR): Fue el presidente, ha sostenido, quien mandó borrar los archivos en los que estaban grabadas sus conversaciones telefónicas.
Fue García, ha recordado además Tomasio, quien ordenó que la investigación de los petroaudios fuera encargada a la Dirección AntiDrogas de la Policía, cuyo jefe era el general PNP Miguel Hidalgo, amigo del presidente y actual ministro del Interior. Evidentemente, esa investigación no correspondía a la oficina de Hidalgo.
Más grave aún es lo que el ex oficial de la Marina Elías Ponce Feijóo dijo a Tomasio: durante un análisis del material de BTR incautado se escuchó la voz del jefe del Estado.
Apenas escucharon esa voz inconfundible, los policías y fiscales presentes se pusieron nerviosos y dieron por terminada la diligencia.
En las revelaciones de Tomasio ha surgido un nuevo factor digno de atención. Ha dicho que el año pasado alguien que se presentó como abogado quiso someterlo a extorsión. Le pidió, a nombre de Del Castillo y de Nava, que declarara que el chuponeo había sido contratado por Alberto Varillas, representante legal de Petro-Tech, empresa estadounidense.
El marino se negó a hacerlo, por no hacer daño a inocentes. Sin embargo, ha recordado que García declaró públicamente, en mayo de 2010, que la empresa Petro-Tech “estimuló” el espionaje telefónico. Petro-Tech rivalizaba con Discover Petroleum, consorcio noruego patrocinado por Fortunato Canaán, el padrino de Rómulo León y Alberto Químper.
Esas y otras revelaciones de Tomasio han hecho que José Peláez Bardales, titular del Ministerio Público, llegue a la conclusión de que García, así como Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Luis Nava, ex secretario de Palacio y actual ministro de la Producción, pueden ser llamados a declarar como testigos por la Fiscalía o por la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima.
He ahí por qué García y cómplices legislan a favor de la impunidad.
El caso demuestra hasta qué punto volaba alto el delito en el Perú. En el escándalo de las intercepciones telefónicas saltó a la atención pública el faenón de Rómulo León y Alberto Químper, quienes actuaron como lobistas a favor de Discover Petroleum y proyectaban poner parte de sus ganancias ilícitas en la campaña presidencial que Del Castillo planeaba.
No se debe olvidar que el entonces poderoso presidente del Consejo de Ministros y ahora fracasado candidato a congresista, había tejido una red mediática que pretendía catapultarlo al sillón presidencial.
Fue García, ha recordado además Tomasio, quien ordenó que la investigación de los petroaudios fuera encargada a la Dirección AntiDrogas de la Policía, cuyo jefe era el general PNP Miguel Hidalgo, amigo del presidente y actual ministro del Interior. Evidentemente, esa investigación no correspondía a la oficina de Hidalgo.
Más grave aún es lo que el ex oficial de la Marina Elías Ponce Feijóo dijo a Tomasio: durante un análisis del material de BTR incautado se escuchó la voz del jefe del Estado.
Apenas escucharon esa voz inconfundible, los policías y fiscales presentes se pusieron nerviosos y dieron por terminada la diligencia.
En las revelaciones de Tomasio ha surgido un nuevo factor digno de atención. Ha dicho que el año pasado alguien que se presentó como abogado quiso someterlo a extorsión. Le pidió, a nombre de Del Castillo y de Nava, que declarara que el chuponeo había sido contratado por Alberto Varillas, representante legal de Petro-Tech, empresa estadounidense.
El marino se negó a hacerlo, por no hacer daño a inocentes. Sin embargo, ha recordado que García declaró públicamente, en mayo de 2010, que la empresa Petro-Tech “estimuló” el espionaje telefónico. Petro-Tech rivalizaba con Discover Petroleum, consorcio noruego patrocinado por Fortunato Canaán, el padrino de Rómulo León y Alberto Químper.
Esas y otras revelaciones de Tomasio han hecho que José Peláez Bardales, titular del Ministerio Público, llegue a la conclusión de que García, así como Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Luis Nava, ex secretario de Palacio y actual ministro de la Producción, pueden ser llamados a declarar como testigos por la Fiscalía o por la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima.
He ahí por qué García y cómplices legislan a favor de la impunidad.
El caso demuestra hasta qué punto volaba alto el delito en el Perú. En el escándalo de las intercepciones telefónicas saltó a la atención pública el faenón de Rómulo León y Alberto Químper, quienes actuaron como lobistas a favor de Discover Petroleum y proyectaban poner parte de sus ganancias ilícitas en la campaña presidencial que Del Castillo planeaba.
No se debe olvidar que el entonces poderoso presidente del Consejo de Ministros y ahora fracasado candidato a congresista, había tejido una red mediática que pretendía catapultarlo al sillón presidencial.
Nava, entonces con papel decisivo en Palacio, es considerado artífice y socio en los negociados que convirtieron a García en multimillonario. Sin trabajar, gracias a que la plata llega sola.
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