“El Estado peruano tiene serias resistencias sobre el aborto”

Entrevista a Jeannette Llaja, Directora de DEMUS
-¿Por qué es tan importante el 28 de setiembre y cuál es la situación del aborto en el Perú?
Cada 28 de septiembre se celebra el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe. Esta fecha fue instituida en 1990 en Argentina durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1990; y en el 1993 se creó la Campaña por...
la Despenalización del Aborto en el marco de una reunión de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe (RSMLAC) como una articulación regional de América Latina y El Caribe con el objeto de buscar la despenalización del aborto.


La campaña es importante para visibilizar uno de los problemas más graves que afecta a las mujeres pero del que menos se habla con seriedad. En sociedades en las que se desconoce el derecho a la autonomía de las mujeres y en el que la jerarquía eclesiástica juega un rol político importante, es preciso llamar la atención sobre la situación de las mujeres, su derecho a elegir y las consecuencias nefastas de la penalización del aborto.


En el Perú el aborto está penalizado en todas sus formas salvo cuando se trata de salvar la vida de la mujer gestante o evitar un mal grave y permanente en su salud (aborto terapéutico). El actual Código Penal sanciona el delito de aborto con penas relativamente bajas pero lo suficientemente relevantes para deslegitimar la práctica y condenar a las mujeres que deciden abortar a servicios clandestinos donde su salud y su vida corren peligro. El aborto es la tercera causa de mortalidad materna en el Perú (9%) pero se presume que el porcentaje es mayor y podría esconderse en el rubro “hemorragias”, que constituye la primera causa. Se calcula que abortan en el Perú 376,000 mujeres al año de manera clandestina (dato de 2006 de Delicia Ferrando).


El  derecho a decidir sobre la maternidad está intrínsecamente vinculado a la autonomía reproductiva de las mujeres y  la penalización del aborto se relacionada a la restricción de la autonomía sexual. Bajo el argumento de la defensa del no nato se esconde no solamente un mandato de maternidad para las mujeres sino además una restricción para aquellas “libertinas”, “irresponsables con su sexualidad” y “desnaturalizadas” que tienen sexo y no asumen las consecuencias.


El Estado peruano tiene serias resistencias a abordar el aborto desde un enfoque de derechos humanos. La presión de los grupos conservadores y el pragmatismo que ha caracterizado al Poder Ejecutivo han determinado que ni siquiera se adopten medidas para asegurar el servicio de aborto terapéutico, el único legal en el país. El Estado peruano tiene a cuesta dos resoluciones de órganos supranacionales de derechos humanos en los que se establece que es responsable de violar los derechos a dos adolescentes a las que en diferentes oportunidades les fue negado el servicio de aborto terapéutico. El caso KL, adolescente que gestaba un feto anencefálico (Resolución del Comité de Derechos Humanos, 2005) y el caso LC, adolescente víctima de violación que requería el aborto para ser operada luego de un intento de suicidio (Comité CEDAW, 2011). El Estado peruano se ha resistido a cumplir los mandatos de las dos resoluciones y no ha aprobado el protocolo de aborto terapéutico, norma que indicaría cómo, cuándo y dónde se realiza esta intervención.


-¿En qué situación está el protocolo de aborto terapéutico?
El aborto terapéutico es legal y no necesita ser despenalizado. La exigencia al protocolo para realizar este aborto la haremos en Octubre, al cumplirse un año más de que el Estado peruano incumpla con lo dispuesto por el Comité de Derechos Humanos en el caso KL (adoptar medidas para que casos así no se repitan y darle una reparación a la víctima).


Desde el año 2005 han existido hasta 4 ministros que hablaron del protocolo y ofrecieron aprobarlo y además existen 3 propuestas de protocolo elaboradas desde el MINSA. Sin embargo la decisión de aprobarlo no se ha dado porque el Ejecutivo consideraría un “costo alto” tener que enfrentarse a la jerarquía eclesial y a los grupos conservadores. Durante el gobierno de Alan García el ministro Ugarte señaló que el mandato de no aprobar el protocolo era una decisión de su gobierno. Ollanta Humala colocó el protocolo como una acción urgente de su plan de gobierno y hasta ahora no lo aprueba.


LA CAMPAÑA
 “Fui violada, quedé embarazada, déjame decidir” – Campaña por la despenalización del aborto por violación
Organizaciones feministas (Manuela Ramos, PROMSEX, Católicas por el Derecho a Decidir, Flora, Cladem y  DEMUS) hemos lanzado una campaña de recojo de firmas para solicitar al Congreso que despenalice el aborto por violación. Necesitamos alrededor de 65,000 firmas para que el debate se de en el legislativo y pretendemos obtenerlas al 28 de mayo, día de la salud de las mujeres.


Se calcula que en América Latina solamente el 5% de mujeres violentadas sexualmente denuncia, siendo el Perú el que presenta la mayor tasa de denuncia por violación sexual. En nuestro país se denuncian fundamentalmente los casos que involucran a víctimas menores de edad (78%), concentrándose las denuncias en el rango de adolescentes de 14 a 17 años de edad (45%). Alrededor del 5% de mujeres violadas resultan con un embarazo no planeado. Ello implica que en el Perú se estarían dando 35,000 embarazados producto de violación al año, cálculo conservador pudiendo ser en la realidad mucho mayor.


No todas las mujeres embarazadas deciden abortar, sin embargo, las que deciden hacerlo se encuentran con un marco jurídico que penaliza la conducta y las obliga a llevar adelante un embarazo impuesto que afecta su salud mental y en muchos casos su salud física. La maternidad impuesta constituye un nuevo hecho irruptivo y violento en las mujeres, esta vez por parte del Estado.


Por Blog Mamacitas
(http://mamacitas.lamula.pe/)

Fuente: http://diario16.pe/noticia/19509-el-estado-peruano-tiene-serias-resistencias-sobre-el-aborto