Se ha dicho tanto sobre el caso Chavín de Huántar en los últimos días, que el asunto no parece claro para muchos. Según el exministro de Justicia, Francisco Eguiguren, incluso “se está informando mal y se están jugando con los sentimientos” de los peruanos en este caso que, tras haber llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) se vuelve más sensible.
“Lo más grave es que me están imputando a mí un conjunto de responsabilidades que no tienen ni pies ni cabeza”, añadió el constitucionalista, quien ha sido señalado como responsable de un presunto allanamiento del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este caso.
“En mi gestión yo no llegué a un acuerdo (con la CIDH), no me allané, el Estado, bajo mi asesoría, no se allanó a lo que ellos recomendaron y, como no llegamos a una solución amistosa a las recomendaciones de la Comisión, es que ese organismo lleva el caso a la Corte”, explicó en Primera Noticia.
También precisó que siempre actuó con prudencia y que nunca habló de...
volver a juzgar a los comandos. “Es falso que haya mentido (…). No soy traidor, soy honesto y decente y sé algo de derecho, sobre todo del sistema interamericano de derechos humanos; por algo fui juez ad hoc de la Corte”, recordó.
ÚNICA RESPUESTA
Tras aclarar que son los Estados y no las personas o militares quienes son procesados en las dos instancias del sistema, el exministro explicó que la posición de la CIDH es que el Estado peruano es responsable por las ejecuciones extrajudiciales de tres emerretistas después del rescate a la residencia del embajador japonés, en 1997.
Asimismo, el organismo supranacional cuestiona que la justicia peruana haya decidido pasar este caso al fuero militar cuando debió haberse visto en el fuero civil, y que el caso abierto luego en este último fuero contra los posibles responsables de esas ejecuciones, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán y el coronel Jesús Zamudio, aún no haya concluido.
Eguiguren remarcó que la única respuesta del Estado dada el 13 de agosto y reiterada el 5 de diciembre, señala que en el 2002, estando ya en democracia, la Corte Suprema decidió que el juzgamiento de los actos militares compete al fuero castrense, donde se juzgó a los comandos y se cerró el caso. Asimismo, se dijo que el proceso c ontra el ‘Doc’ y demás seguía su curso en la justicia ordinaria.
El extitular de Justicia, quien reconoció que el Perú sí pidió dos prórrogas a la CIDH para responder –la primera, a sugerencia de la misma Comisión, y la segunda, a pedido del Poder Judicial peruano-, también aclaró que esto tampoco significa que el país se allanara a esa instancia. “Al pedir eso dijimos que no reconocíamos ninguna responsabilidad”, remarcó.
JUSTICIA LENTA
Eguiguren reveló que en este proceso advirtieron que la posición del Perú –que se mantuvo en el nuevo gobierno- y la de la CIDH eran “irreconciliables”, y que al no haber “un acuerdo amigable” el Perú sería demandado ante la Corte.
“Nuestro punto débil, e insostenible, es que no puede ser que algo que pasó en 1997, en el 2011 no haya un juicio terminado. El juicio oral comenzó el 2007; han pasado cuatro años y se quebró dos veces. Dijimos, como abogados, si así nos llevan a la Corte, estamos fritos”, añadió.
Ante este escenario, el Poder Judicial sugirió pedir la segunda prórroga a la CIDH y decidió que la sala que ve el caso se dedique a él en exclusividad y que realice más audiencias por semana. No obstante, no se terminó el proceso antes de llegar a la Corte-IDH.
“Este caso tiene años, la responsabilidad es de los gobiernos anteriores, de los procuradores. Esto nos llegó hecho. (Hemos tenido un) claro respaldo a la acción de (los comandos); los hemos defendido. (…) Ahora viene la defensa ante la Corte. Creo que con buenos abogados se puede defender”, añadió Eguiguren.
LUIS GARCÍA: lgarcia@diario16.com.pe
Fuente: http://diario16.pe/noticia/13049-eguiguren-el-estado-no-se-allanao-a-la-cidh-y-no-soy-traidor
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