LaMula.pe conversó con el jurista Carlos Chipoco para conocer la solicitud presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para establecer las reglas con que se definirán los resultados del proceso de revocatoria para Lima.
En ese sentido, el abogado indicó que la solicitud ante el JNE se remonta a enero para definir la cantidad de votos requeridos para...
revocar a una autoridad en Lima sin obtener respuesta. Por ello, se propuso el principio constitucional de la igualdad de los votos, es decir que las autoridades no puedan ser revocadas con una votación menor a la que obtuvieron al momento de ser electas.
“No puede ser que un millón de votos valgan más que dos millones de votos. Le dijimos al JNE, de acuerdo al derecho constitucional, no pueden ser revocadas las auotoridades de Lima, la alcaldesa y los regidores, con menos votos que los que obtuvieron cuando fueron electos por cuatro años. Si alguien quiere modificar el mandato de cuatro años de las autoridades tiene que ser el mismo número de electores, no menos”, señaló Chipoco.
A este planteamiento se sumaron posteriormente los juristas César Vanega y Javier Valle Riestra. Al respecto, señaló que la mayor parte de los regidores está de acuerdo con la solicitud, mientras que otros no han tomado posición por desconocimiento. Sin embargo, resaltó que se trata de una interpretación constitucional, por lo que se sobrepone a la ley, en ese sentido le otorga al JNE la potestad y obligación de ponderar la Constitución sobre la ley.
Por otro lado, Chipoco señaló que en América Latina no existen casos en los que la revocatoria se lleve adelante con una votación por mayoría simple, pues siempre se toma en consideración una calificación especial. Por ejemplo, en el caso de Colombia la revocatoria procede si se supera el 60% de los inscritos en el padrón electoral, no de los votos válidos; mientras que en Venezuela y Bolivia no se puede revocar a una autoridad con menos votos que los obtenidos al momento de su elección al cargo. En ese sentido, resaltó que el derecho constitucional comparado favorece a su interpretación y resaltó que aplicar esta interpretación no le genera ningún tipo de gasto al Estado, por el contrario, fortalece la institucionalización de la democracia en el país.
Chipoco calificó como un “triunfo jurídico” que el JNE haya abierto un expediente pues ha afirmado la necesidad de que las normas queden claras antes del proceso mismo de elección para que los resultados sean sólidos y claros. En función a esto, el JNE ha solicitado a la alcaldesa, los regidores y al promotor de la revocatoria que expresen su punto de vista al respecto en un plazo máximo de dos días.
Ante las críticas planteadas por los promotores de la revocatoria sobre un “cambio de las reglas de juego” en el último minuto, Chipoco señaló que no había reglas establecidas, y resaltó su iniciativa responde a un procedimiento de reglamentación que no se hizo en su momento. Además consideró que la regla establecida se remite a la Constitución vigente desde 1992. Por ello consideró que los revocadores no han estudiado las reglas del proceso que ellos mismos han iniciado.
Confirmó que si el JNE acepta aplicar esta norma, el escenario electoral cambiaría pues ni la alcaldesa ni los regidores serían revocados puesto que la situación actual y las encuestas señalan que la intención de voto por la revocatoria de estas autoridades no supera a las votaciones que obtuvieron al momento de su elección el año 2010. Por ello lamentó que esta información no haya tenido la cobertura necesaria, siendo congelada por la coyuntura y el fallecimiento del mandatario venezolano, Hugo Chávez.
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