Programa de Keiko habla de “respetar los derechos adquiridos” y restablecer políticas de su padre, que eliminó todos los derechos laborales y despidió a más de un millón.
Con el antecedente del despido de un millón de trabajadores públicos durante el gobierno de su padre, el reo Alberto Fujimori, el programa de gobierno de la candidata Keiko Fujimori plantea que “respetaremos los derechos adquiridos por aquellos que ocupan un puesto público”, lo que suena a sarcasmo, ya que el régimen de los noventa eliminó todos los derechos de los trabajadores, sobre todo la estabilidad laboral.
El texto alude evidentemente a los regímenes CAS y de servicios no personales (SNP), establecidos por el gobierno Fujimorista y que mantienen a los trabajadores de la administración pública en la precariedad y la inestabilidad, pues no implican vínculo laboral, ni seguridad social, ni jubilación, ni beneficios sociales de ningún tipo, reconociendo solamente 15 días de vacaciones anuales.
Es decir que la candidata quiere dejar las cosas como están, pese al clamor general de los trabajadores de que se elimine ese tipo de regímenes y se restablezcan los derechos laborales barridos por el fujimorato.
A ello se suman otros antecedentes del padre de la candidata, como, reiteramos, el despido de más de un millón de trabajadores.
El 28 de diciembre de 1992, el régimen dictatorial dictó el Decreto Ley Nº 26093, que instituía la evaluación semestral del personal estatal, disponiendo el cese de los que no aprobaban, incluyéndolos en causal de excedencia.
Más adelante, además, el régimen dictó el DS 017-96-PCM, que señalaba que bajo ninguna de las modalidades de prestación de servicios en organismo públicos, podía admitirse a los despedidos del DL 26093, como si hubieran sido condenados al exilio perpetuo del sector estatal, por alguna causal que nadie
nunca les explicó.
Para no olvidar Cifras que se estiman conservadoras indican que fueron más o menos un millón los desalojados de sus puestos de empleo y lanzados a la desocupación sin ningún beneficio, con la finalidad de facilitarle al gobierno de la época la reorganización de las entidades estatales, creando esquemas tecnocráticos: direcciones, gerencias y asesorías remuneradas con lo que se dejaba de pagar a los que iban a la calle.
Trabajadores de cualquier nivel: profesional, administrativo o de servicios, eran sometidos a pruebas de conocimientos elaboradas en forma caprichosa para jalar a la mayoría y a partir de ello quedaban en condición de “inhabilitación”, que era como un baldón colgado en el pecho indicando que los habían desaprobado. Como testimonio de lo que pasó, están las listas de despedidos injustificados reconocidas en los últimos diez años (ya estamos por entrar a la quinta), que han representado un alto costo de indemnizaciones pagadas muchos años después del abuso.
Al reflexionar sobre este período el plan que Jaime Yoshiyama ha hecho para la candidata, introduce sin embargo el siguiente comentario: “El gobierno de la década de 1990 cuenta entre sus virtudes el de ser reconocido como un gobierno altamente tecnocrático con cuadros de calidad que hicieron posible hacer las reformas que sentaron las bases del despegue del Perú. Es fundamental establecer las condiciones que permitan que cuadros técnicos de calidad retornen a servir al Estado y vean en éste un espacio de desarrollo profesional”.
Aquí no hay una sola autocrítica de una herida abierta y mucho menos una explicación de por qué una alta tecnocracia convivió con una altísima corrupción en el manejo de procesos tan delicados como las privatizaciones, la renegociación de la deuda, las obras y adquisiciones del Estados, los programas sociales masivos, etc.
Presente y pasadoKeiko y su comparsa se muestran brutalmente insensibles al trabajador público como persona. Es por eso que al jactarse de su “anterior gobierno”, recogen uno a uno sus instrumentos, entre ellos la evaluación, ahora denominada “selección competitiva”.
De acuerdo al Plan que cualquiera puede acceder por Internet y que la prensa de derecha evita discutir, se aprecia que el Estado y los puestos de decisión a su interior son el objeto del deseo de la banda naranja:
“Aquellas plazas que se abran a partir del inicio de nuestro Gobierno, promueva la selección competitiva de funcionarios públicos para los rangos que representan la capa gerencial intermedia de las instituciones estatales a nivel de dirección, subdirección, gerencias y subgerencias en todo el Poder Ejecutivo”.
Esta es la meta: tener muchos directores, gerentes, subgerentes, contratados de fuera, con sueldos equivalentes al sector privado. ¿Y para el resto? Otra vez vamos al plan: Respetaremos los derechos adquiridos por aquellos que ocupan un puesto público… consolidaremos sistemas de acceso competitivo, donde se privilegie a aquellos funcionarios que vienen desarrollando una carrera pública y que puedan acreditar méritos en base a su desempeño que justifiquen su promoción”.
Esto que suena tan inocente puede traducirse, sin embargo, como que no hay nada más que estatu quo para los que están ya en la administración estatal. Tampoco para los contratados, especialmente los de los CAS, que podían ser volados de sus puestos sin mayores explicaciones. ¿No han estudiado los de Fuerza 2011, la problemática laboral del sector público? No hay un financiamiento para nuevas plazas, pero el método de la vez pasada fue despedir para en el puesto de tres o cuatro, nombrar uno mejor pagado. ¿Volverá? Nada dice que no. Y para rematar la espada de Damocles de las “selecciones y accesos competitivos”, o la “acreditación de méritos” que, como en los 90, ellos controlan y direccionan de acuerdo a sus intereses de armar el Estado tecnocrático y autoritario que les interesa.
La idea del servicio civil del Fujimorismo antiguo y actual, es la de un poder basado en tecnócratas bien pagados y trabajadores con escasos derechos, que pueden ser retirados de acuerdo a las conveniencias del gobierno. Esto representa una severa amenaza sobre una segunda razzia de empleados del Estado.
Corrupción estatalTambién el capítulo de la administración estatal trae un subpunto sobre la “protección del buen funcionario”, sumamente curioso para una corriente política con tantos antecedentes en materia de corrupción. Pero ahí está: “nuestra experiencia en el gobierno de la década de 1990 nos demuestra que… nuestro sistema no protege legalmente a los buenos funcionarios públicos y puede llegar a abusos que sólo reducen los incentivos de los buenos profesionales para hacer una carrera pública con dignidad. Por ello, estableceremos un sistema de protección legal especial para todos aquellos funcionarios cuyas funciones pudieran implicar cuestionamientos jurídicos por parte de los afectados o por el propio Estado, siempre que dichas funciones se hubieran ejercido conforme a ley”.
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