Estado amenaza la educación privada

Luis Bustamante Belaunde, Presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), sale al frente para reclamar un trato abusivo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que a través de la Viceministra de Economía, Laura Calderón, pretende eliminar el régimen tributario de las Instituciones Educativas Privadas. Desde 1998 estas han reinvertido ese crédito tributario en infraestructura, equipamiento, material educativo y becas. Pero no solo eso, por una la Ley 29766 y cobrarles impuestos en forma retroactiva, lo que heriría de muerte a muchas de ellas. Bustamante afirma que sus agremiados irán hasta las últimas consecuencias para defender sus instituciones y evitar que se afecte a más de 170 mil familias.

-Se ha generado una disputa entre las instituciones educativas y el Ministerio de Economía (MEF), que quiere derogar la Ley 29766, que le quitaría ciertos beneficios ¿En qué radica esta controversia?
Su origen es el DL Nº 882, Ley de Promoción de Inversión en Educación, que establece que las instituciones educativas privadas, desde un nido hasta una universidad, que inviertan sus utilidades, gozan de un crédito tributario equivalente al 30% del monto invertido, que es precisamente el porcentaje del impuesto a la renta (IR).

-¿Es decir que en la práctica es un crédito tributario por todo el IR?
Si es que se reinvierten todas las utilidades, porque puede darse el caso que se reinvierta solo una parte. La Ley empezó a aplicarse inmediatamente, pero la adecuación de las instituciones fue progresiva. Hoy, tres cuartas partes de las universidades privadas están adecuadas al DL Nº 882.

-Hay críticas que dicen que esa ley liberalizó la educación y se crearon una serie de universidades e institutos que no cumplen con los estándares educativos.
Pero eso no se da por el DL Nº 882, sino porque hasta 1990 el mercado educativo estaba muy cerrado. ¿Era mejor que ahora? No, había instituciones buenas, mediocres y pésimas. Ahora, con la competencia, eso es más...
evidente. Por ejemplo, si el mercado gastronómico hubiera estado cerrado y se hubiera abierto, encontrará que se crearían restaurantes excelentes, mediocres y malos. ¿Eso convierte al principio de la apertura del mercado en malo? No.

-La viceministra de Economía, Laura Calderón, dice que el DL Nº 882 estaba vigente hasta 1999. ¿Había alguna temporalidad específica en esa norma?
No, la ley no dice absolutamente nada. La forma de promover un esfuerzo nacional para modernizar la educación era precisamente haciendo un régimen tributario permanente.

-¿Era un “régimen tributario” o un “beneficio” temporal para impulsar la educación?
Es un régimen tributario permanente. Es verdad que la ley dice “beneficios” pero eso tiene una doble explicación. Primero, que es el término que emplea la Constitución, que es anterior al Código Tributario que dice que los “beneficios” se entienden solamente por 3 años; segundo, porque es la interpretación lógica. Cuando en 1996 se aprueba la ley, yo estaba al frente de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), que fue la primera universidad que se acogió al DL 882, pero recién logramos terminar la adecuación en 1998, porque se requería una serie de autorizaciones, modificaciones estatutarias, inscripciones en los registros, etc. Eso quiere decir que solo hubiéramos tenido beneficios un año, eso es ilógico.

-¿Las instituciones que se adecuaron tenían alguna supervisión?
Todas las instituciones educativas tenían que presentar anualmente al ministerio de Educación y a la Sunat su programa de reinversión, que se hicieron no solo hasta 1999, como dice la Viceministra, sino todos los años hasta ahora.

SUNAT CAMBIA DE ACTITUD
-¿Durante esos años tuvieron observaciones?
No solo no hubo observaciones, sino que la Sunat sugería y absolvía consultas sobre cómo calcular el crédito tributario. Esto se hizo los años 2004, 2005 y 2006, cuando ya supuestamente –según la Viceministra- el régimen había caducado. Recién el año 2007, no antes, la Sunat comienza a dar signos de cambiar de opinión. Hay tres comunicaciones, dos de 2007 y una de 2008, donde pide al Ministerio de Economía (MEF) que aclare si el régimen continuaba vigente o no. ¿Quién estaba al frente de la Sunat entonces? La actual Viceministra de Economía, Laura Calderón.

-¿Además de esas consultas al MEF, la Sunat se comunicó con las instituciones educativas?
Recién el año 2007 la Sunat comenzó a acotar a algunas instituciones, diciendo que el régimen tributario había terminado en 1999. Por primera vez lo dice el año 2007, once años después de aprobarse la Ley de Promoción en la Educación.

-¿Pero en qué se basaban para informar eso?
Simplemente en que como la ley había empleado la palabra “beneficios”, se entienden que estos son otorgados por un plazo fijo, y si la ley no dice lo contrario, ese plazo es de tres años. Esa es una ocurrencia que tiene la Sunat recién en el año 2007. Pero el hecho que la ley emplee la palabra “beneficios” no significa nada, porque el nombre no cambia la naturaleza del régimen.

-Frente a estas acotaciones, ¿qué hicieron las instituciones educativas?
Frente al cambio de actitud súbita de la Sunat, las instituciones nos preocupamos y preguntamos al MEF qué pasaba y pedimos que definan si se trataba de un régimen permanente. Enviamos comunicaciones, nos acercamos y hablamos personalmente con el Titular de la Cartera y los viceministros de entonces. En ese momento no aclararon nada, pero en junio de 2008 sacaron el DL Nº 1087, que decía más o menos lo siguiente: “los beneficios del DL 882 se mantienen vigentes para los Centros Educativos Tecnológicos Productivos (Cetpros) y los Institutos Tecnológicos Superiores Privados que trabajen en el campo de la energía, minería, electricidad, agroindustria y algunos cuantos más. Sin embargo, no se aclaró qué pasaba con las instituciones que no trabajan en esos campos. Siguió el debate entre la Sunat y las instituciones educativas.

-¿Ustedes seguían presentando sus formularios de crédito tributario en la Sunat?
Claro, rigurosamente y sin ninguna observación. Luego, en julio de este año salió la Ley 29766 que aclara las dudas porque precisa que el DL Nº 1087 prolongó los beneficios del DL Nº 882 solamente para los Cetpros y los institutos superiores dedicados a esos campos, los demás caducaron en diciembre de 2008. No era la mejor solución para nosotros, porque nos hubiera gustado que se diga que es un régimen permanente.

-¿Ustedes aceptaron que el “beneficio” o régimen tributario solo duraba hasta el 2008?
Bueno, finalmente se definió y aceptamos que teníamos que pagar los impuestos de los años 2009 y 2010. Sin embargo, a tres semanas de aprobada la ley se produce el cambio de gobierno y el nuevo ministro dice que hay que derogar esa ley porque otorga “beneficios” con carácter retroactivo. ¿Cuáles? Si hasta el año 2008 era un régimen permanente. Esa es nuestra discusión, que se basa en lo que dice la Constitución. Incluso en el propio Plan de Gobierno de Gana Perú, de la Gran Transformación, dice que las “universidades que no distribuyen utilidades deben pagar impuesto a la renta”. Eso es exactamente lo que nosotros decimos.

MÁS DE 170 MIL FAMILIAS AFECTADAS
-Si se llegara a derogar la Ley 29766, ¿qué implicancias tendría en las instituciones educativas y sus alumnos?
Si se forzara el pago retroactivo de impuestos, se estaría violando el derecho de todas las instituciones que han procedido de buena fe, reinvirtiendo sus utilidades, porque estaban en la seguridad de estar cumpliendo con la ley. Imagínese, es como si a cualquier empresa le dijeran que todo lo que ha reinvertido desde 1999 como crédito tributario, no vale. Entonces, tienes que pagar impuestos por todo ese tiempo con intereses y moras. Algunas tendrán que cerrar y otras tendrán que incrementar la pensión a los alumnos. Son 217 instituciones educativas en el Perú acogidas al DL Nº 882. Solo en las 12 instituciones que pertenecen al FIPES serán más de 170 mil familias afectadas.

-Por otro lado, la Viceministra dice que la mayor deuda se concentra en cuatro instituciones educativas.
No sé de dónde ha sacado ese dato y tampoco tengo idea a qué instituciones se estará refiriendo. Hay instituciones que han reinvertido desde 1998, otras se han adecuado hace 5 o 6 años. Yo represento a FIPES, pero fuera de esta hay muchísimas universidades, por ejemplo Alas Peruanas, César Vallejo, Señor de Sipán, Autónoma, entre otras.

-Además la Viceministra habla de una deuda de S/. 150 millones…
Ese dato tampoco sé de dónde lo saca la Viceministra, la verdad es que maneja cifras que no tengo idea cómo las ha podido obtener.

-La viceministra también dice que la ley es inconstitucional porque tiene efectos retroactivos…
Ese es un capricho del MEF, la ley es perfectamente constitucional. La única retroactividad que hay es de la Sunat, que quiere cobrar con efectos retroactivos al año 1999. Tengo informes de tres abogados muy prestigiosos, como el doctor César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional y que dice que la ley es constitucional y no es retroactiva. En el mismo sentido se pronuncian el doctor Domingo García Belaunde y el doctor José Elice, quien fue Oficial Mayor del Congreso.

-En su opinión ¿cuál es la razón de la actitud del MEF?
Solamente el imperativo de voracidad fiscal, recaudar más, no tiene otra explicación.

-¿Ustedes han evaluado alguna acción legal para evitar esto?
Por supuesto, primero iremos al Tribunal Fiscal; si dictamina en contra iremos al Poder Judicial en un procedimiento contencioso administrativo, y si el Poder Judicial tiene un pronunciamiento desfavorable, que supongo que no, iremos al Tribunal Constitucional. Es una batalla que tenemos que librar las instituciones privadas y la vamos a librar con todos los instrumentos que nos permita la ley, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias.

ETHEL FLORES: eflores@diario16.com.pe

Fuente: http://diario16.pe/noticia/10614-estado-amenaza-la-educaciaon-privada