Caso BTR: hay indicios de delitos del gobierno aprista a nivel ministerial

En entrevista con elcomercio.pe, procurador anticorrupción Julio Arbizu confirmó que “una olla muy grande” podría destaparse en breve sobre el caso de chuponeo

HANS HUERTO AMADO @huertoamado
Redacción online

A tres años cumplidos este mes en el Caso Petroaudios, ¿por qué no hay aún sentencias?
Ni siquiera no hay sentencias, sino que aún no se acaba la etapa de instrucción. No se ha entrado a la etapa de juicio oral. Y esto ha ocurrido porque es un proceso sumamente complejo, así lo ha declarado el mismo juzgado. Y en segundo lugar, también lo dice el...

juzgado, porque ha habido una serie de dilaciones imputadas a la defensa de los procesados. (Fuera de cámaras, Arbizu estimó que la instrucción acabaría el mes entrante y la etapa oral se iniciaría en diciembre).

Se va a llegar a un plazo de 36 meses sin sentencia y por ejemplo Rómulo León está preso pero se podría revocar ese mandato a uno de comparecencia con arresto domiciliario.
Nosotros estamos pendientes de eso, vamos a solicitar en su momento que este plazo se extienda o que se deje de contar ese periodo en que se ha extendido la etapa de instrucción para efectos del plazo de 36 meses. Aunque la opinión pública conoce el concepto de ‘faenón’, ‘aceitadas’ y la enormidad de los capitales movidos en este caso, para buena parte de esta hacer lobby no es delito.

Se cuestiona que Rómulo León esté detenido sin ser funcionario público y en vista de que hacer lobby no está penalizado.
Alberto Quimper era director de Perú-Petro, funcionario público. Durante la década del 2000 se comenzó a cuestionar la participación de diversos personajes que por no ser de la administración pública no podían participar de delitos especiales propios reservados para funcionarios públicos. Sin embargo, la discusión teórica de entonces que hoy es una certeza es que esos privados que participan del acto ilícito del que participa un funcionario público en calidad de autor participan también en calidad de cómplices. Estos tienen la misma pena que el autor. Por eso es que a Rómulo León se le puede imputar los mismos cargos que a Alberto Quimper.

En la medida en que hay personajes del gobierno anterior implicados en Petroaudios y BTR, ¿ha habido algún tipo de blindaje del gobierno pasado?
Si bien son procesos separados, el proceso de BTR y el de los Petroaudios tienen una conexión poderosa. Y te diría que en el proceso de BTR hay una olla muy grande por destaparse que podría, de abrirse prontamente, involucrar a algunos personajes del gobierno anterior de manera incluso directa. Me refiero a algunas comunicaciones de personas involucradas en ese proceso pero que en su momento podremos precisar con más detalles. Del proceso Petroaudios la jueza ya ha dado cuenta de la actitud dilatoria de los procesados y que ello ha generado la duración del proceso.

¿Los USB y la data digital se perdieron irremediablemente o hay en poder de Procuraduría más evidencia comprometedora?
Hay data en este momento, incluso impresa, de artefactos electrónicos que podrían dar cuenta de hechos delictivos en relación al hecho mismo del chuponeo que podrían involucrar a varias otras personas
¿En nuevos delitos?
Es posible. Estamos cruzando información de lo que tenemos con lo que tiene el juzgado y es posible que en algunos casos exista evidencia o por lo menos indicios razonables de comisión de actos ilícitos.
¿A nivel ministerial incluso?
También.
¿Presidencial?
Prefiero no adelantarme a eso porque involucraría a una persona exclusivamente pero sí hay alguna data importante que estamos evaluando.

INVESTIGACIÓN A CHEHADE
Se cuestionó su supuesta relación con el investigado Omar Chehade y el papel de la Procuraduría en el proceso contra él.
Omar Chehade coincidimos en la Procuraduría Ad hoc de 2005, él entraba y yo me iba, así que la verdad es que no tuvimos mayor contacto. No deben haber sido más de tres o cuatro semanas que compartimos espacio físico y luego de eso no lo he visto más de tres o cuatro veces, intercambiando dos o tres palabras con él.
La competencia de Procuraduría en las investigaciones preliminares de fiscales siempre ha estado ahí. Por eso es que a la apertura de investigación del Fiscal de la Nación en este caso, nosotros nos apersonamos a las diligencias.

CAOS EN LA PROCURADURÍA
Hemos encontrado una situación realmente dramática. En principio, lo que debería estar y no lo está son los números ciertos de la Procuraduría, cuántos procesos afronta la Especializada en corrupción, las Públicas Descentralizadas anticorrupción. El único número cierto es el de cuántos afrontaba hasta antes de la fusión de la Procuraduría Ad Hoc Fujimori-Montesinos, en el orden de 200 procesos. Sin embargo, los procesos en ejecución de esa procuraduría se veían aquí, en la Especializada en delitos de corrupción. Entonces, al tomar competencia de todos estos procesos, tenemos que no hay registro adecuado del número de procesos, ni de procesados, ni cuáles son los montos de reparaciones civiles esperados. Por ejemplo, del grueso de procesos de Procuradurías anticorrupción, son casos que podrían suponer el cobro de reparaciones civiles con cifras absolutamente exiguas. En algunos casos hay la expectativa de un cobro de S/.50. En dos visitas al Ministerio Público, ida y vuelta, ya tienes los S/.50.

¿Dónde surge el error?
El perjuicio pecuniario que sufre el Estado no debe ser resarcido únicamente en funciona la cifra que se defraudó. El bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública es el correcto funcionamiento de esta, ahí ya hay una defraudación del funcionario…
Y es más complejo de cuantificar…
Exacto. El Código Procesal exige nuevos estándares para que el actor civil sustente la reparación, pero no hay parámetros ciertos. Y en otros casos la reparación civil será exigua en función a los hechos pero también en función a esa defraudación de la expectativa que cifra la sociedad en sus funcionarios. Tratamos de corregir eso a través de una selección de procesos emblemáticos y los más graves, poniendo más fuerza en estos.
Hacia el 2009 empezó con el gobierno aprista un proceso de debilitamiento de la Procuraduría, muchos apuntaron al entonces ministro de Justicia, Aurelio Pastor. Se restó de varios recursos a esta instancia. ¿El caos encontrado viene de ahí?
Creo que en gran medida sí. Yo vengo de la Procuraduría desde su inicio en el 2000 hasta el 20005. En esos años obtuvimos logros como la detección de cuentas en el extranjero, que eran provenientes de actividades ilícitas, cobro de reparaciones civiles, y sobre todo condenas a procesados por delitos de corrupción, mismas que han valido prisión efectiva de altos funcionarios del Estado, personajes de la sociedad civil, empresarios, broadcasters. En años previos eso hubiese sido impensable. La idea ahora es dotar a la procuraduría del impulso que tuvo en esos años, modificar la idea de que la procuraduría ya no sirve porque ya cumplió con su objetivo. Queremos dar un mensaje de que se debe luchar contra la corrupción sin importar en qué gobierno trabajó el funcionario.

Fuente: http://elcomercio.pe/politica/1324995/noticia-caso-btr-hay-indicios-delitos-gobierno-aprista-nivel-ministerial