Instituciones politizadas (y cómo combatirlas)

Excelente artículo escrito por el buen periodista y analista Steven Levitsky para el diario "La República"

Por: Steven Levitsky

La democracia peruana sigue siendo precaria. Existe la amplia sensación de que las instituciones democráticas no funcionan bien, y que en cualquier momento podrían colapsar de nuevo. Casi todos están de acuerdo que sería mejor tener instituciones sólidas como las de Chile, Costa Rica, y Uruguay. Pero ¿cómo llegar allí? Un elemento clave de la debilidad institucional es la politización.
Cuando las instituciones son politizadas, las leyes, el PJ, y otras agencias del Estado son vistos no como árbitros neutrales sino como instrumentos políticos: algo que se usa cuando conviene pero que puede ser cambiado o esquivado cuando no conviene. Las instituciones politizadas siempre son débiles. La percepción de que una institución ha sido creada con fines políticos le quita legitimidad y genera incentivos para rechazarla y cambiarla cuando el gobierno se va. Y la percepción de que las instituciones del Estado (PJ,  JNE, Canal 7) han sido utilizadas como instrumentos políticos hace casi inevitable que el siguiente gobierno intervenga y cambie su dirigencia y personal. Los cambios incesantes debilitan a las instituciones. Es un círculo vicioso: si un gobierno utiliza a las instituciones como instrumentos políticos, es muy probable que sus rivales lo hagan cuando llegan al poder.

¿Cómo salir del círculo vicioso?  Nadie sabe bien. Pero ofrezco tres ideas para masticar.
1] Cualquier reforma institucional que afecta la distribución del poder –y, sobre todo, una reforma constitucional– debe ser orientada a los futuros gobiernos y no al actual. Él que está en el poder cuando se hace la reforma no debe beneficiarse de esta. Por ejemplo, una reforma constitucional que permite la reelección presidencial debe excluir al presidente actual. Todas las reformas reeleccionistas en A. Latina de los últimos 20 años violaron este principio. ¿A Fujimori, Menem, Uribe, Chávez o Correa les hubiera interesado la reelección si no podían ser reelegidos? No es casualidad que en las democracias consolidadas, como Chile, Costa Rica, Uruguay, esa reforma no se hizo. 

2] Las investigaciones anticorrupción deben orientarse hacia los gobiernos actuales y no a los gobiernos anteriores. Ojo que no estoy diciendo que el gobierno de Humala es corrupto y el de García no. Hay mucha evidencia de corrupción en el gobierno anterior que, en principio, debe ser investigada y castigada. Pero hay un peligro. En un contexto de politización institucional, siempre existe la tentación de utilizar la ley para castigar no a todos los corruptos sino solo a los corruptos del otro lado, para perjudicar a los rivales políticos. Aun si la corrupción es real y la investigación es legítima (como en el caso de la comisión legislativa que acaba de formarse), en un contexto de politización, será inevitablemente percibida como un ataque político. Por ejemplo, si García termina siendo inhabilitado para el 2016, será percibido por mucha gente como una proscripción política, algo que haría gran daño a la democracia. Hay casos de crímenes –atentados contra la democracia o violaciones de DDHH– que de todos modos hay que investigar y castigar: el caso de Fujimori es un ejemplo. Pero hay que tener mucho cuidado en investigar a los gobiernos anteriores, porque cuando las instituciones son débiles, es muy difícil distinguir entre el procesamiento legítimo de un político corrupto y la persecución de un rival político.
Es fácil investigar a los ex presidentes. Ya salieron del poder. Valiente es el que grita “corrupto” al presidente actual. Por lo general, entonces, el Congreso y el PJ deberían enfocarse en el gobierno actual. Esto ha sido el caso, por ejemplo, en Brasil, primero con Fernando Collor y después con los escándalos del mensalao y caixa dois bajo Lula. (Obviamente, la oposición también tiene que actuar con cuidado y responsabilidad: utilizar cualquier denuncia –o acto de torpeza– contra el gobierno como pretexto para tumbarlo, como parecen querer algunos opositores a Susana Villarán y a Ollanta Humala, también es politización y también debilita las instituciones).
3] Con instituciones politizadas, se debe despenalizar la difamación. Donde las instituciones se utilizan como instrumentos políticos, una ley contra la difamación (o peor, una ley de delito de prensa) será –tarde o temprano– utilizada para castigar a los opositores al gobierno. Ecuador es un caso ejemplar. Daniel Abugattás defendió la ley actual con el argumento de que “es necesario defender el honor de la gente”. Esa idea me parece del siglo XIX. No estamos hablando del honor de la gente común. Estamos hablando de figuras públicas que gozan del poder del Estado. ¿No es (mucho) más importante proteger la libertad de expresión que proteger el “honor” de una figura pública? Dicen que una ley contra la difamación no pone en peligro la libertad de expresión. Eso puede ser cierto en una democracia con instituciones sólidas, pero en un país con instituciones politizadas, donde la justicia se utiliza para fines políticos, este tipo de ley es siempre una amenaza a la libertad de expresión. Hay que escoger entre proteger a los políticos y proteger a la libertad de expresión. ¿Qué queremos? ¿Políticos sin honor o políticos sin control?

Fuente: http://www.larepublica.pe/columnistas/punto-de-vista-steven-levitsky/instituciones-politizadas-y-como-combatirlas-24-10-2011