Un tribunal del Indecopi decidirá la próxima semana la suerte del Complejo Metalúrgico de La Oroya, al escoger quiénes integrarán finalmente la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, actual propietario de dicha empresa.
La Fundición de La Oroya está con los hornos apagados desde junio de 2009, debido a que se quedó sin mineral para procesar, porque sus proveedores dejaron de venderle cuando el gobierno aprista desconoció un acuerdo ya alcanzado para una nueva prórroga del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que ya estaba ejecutado en su mayor parte.
Ese año, el entonces presidente García señaló en su discurso de Fiestas Patrias que ya no habría más plazos para Doe Run, lo que dio origen a fuertes movilizaciones de protesta.
Todavía en septiembre de ese año, el Congreso votó una ley que otorgaba un nuevo plazo de 30 meses para la terminación de dos plantas que se encontraban al 50%, y que eran el saldo pendiente del PAMA.
Doe Run estudió entonces la posibilidad de un acuerdo de financiamiento y venta de mineral con sus dos más importantes “traders” (intermediarios con los productores): Cormín y Glencore, pero solo llegó a acuerdo con este último.
Cormín a su vez respondió demandando ante Indecopi el pago de su deuda (más o menos 28 millones de dólares) y abriendo así el proceso que llegará al tribunal en los siguientes días. Tanto Cormín como Glencore son empresas de origen suizo que intervienen en la comercialización de productos mineros y facilitan operaciones entre las empresas mineras y la metalurgia.
En el caso de Doe Run, lo que aparentemente ha ido pasando es que...
no habiéndose logrado un acuerdo entre Cormín y Doe Run, la empresa Suiza cambió de aliado y se asoció con la minera Buenaventura que, según diversas versiones estaba madurando un proyecto para instalar su propia fundición para el procesamiento del mineral de sus yacimientos en la región central, y que podría reconsiderar sus planes para apropiarse de La Oroya.
Buenaventura es otro acreedor con más o menos 16 millones de dólares, que se sumarían a las acreencias de Cormín y los bancos (Banco de Crédito). Para todos ellos es vital que el Tribunal, integrado por vocales nombrados directamente por García y que han resuelto varias veces de acuerdo a sus intereses, decida no reconocer como acreedor válido a Doe Run Grand Cayman que representa una deuda de 156 millones de dólares y cuantificar las inversiones pendientes del PAMA como una acreencia contra el Estado. La publicación de una nota periodística orientada a preparar a la opinión pública para un eventual traspaso del Complejo Metalúrgico a una administración privada alternativa, es como un toque de alarma sobre lo que se prepara.
De acuerdo con los entendidos, la citada nota podría haber llegado lista de las oficinas de la Consultora Llorente-Cuenca, que se encarga del trabajo de imagen del grupo Cormín-Buenaventura.
De lo que se está hablando ahora no es de la “empresa mala” que no cumple el PAMA, a diferencia de los “buenos” de la Sociedad de Minería que se echan flores todos los días, sino de la inversión ya realizada en La Oroya que sobrepasa los 800 millones de dólares en 15 años que podría caer en manos de acreedores a los que se les debe menos de 50 millones. Negocios que le llaman.
LA HISTORIA DE DOE RUNEn 1997, Doe Run toma el control del Complejo de La Oroya, uno de los ocho componentes de la anterior superempresa estatal Centromín Perú, luego de dos intentos fallidos de privatización. Ese mismo año la mexicana Los Peñoles, ganadora de la licitación se negó a hacerse cargo de la empresa por falta de acuerdo con el gobierno respecto a la responsabilidad de la nueva administración frente a los pasivos ambientales existentes. En el 2004, el gobierno de Toledo dispuso un plazo ampliatorio hasta octubre de 2009 del PAMA de La Oroya que estaba sin concluir. Al final de 2008, la crisis internacional hace caer el precio de los minerales y aumenta el endeudamiento de la empresa. A comienzos de 2009, la empresa negocia un acuerdo con el gobierno aprista y sus acreedores para una nueva prórroga del PAMA después de octubre para mantener el flujo de crédito para la continuación de operaciones. Pero el gobierno desconoce el acuerdo después de firmado, provocando al poco tiempo la suspensión de operaciones.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/2/los-amigos-de-alan-garcia-tras-fundicion-de-la-oroya_97884.html
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