En medio de cuestionamientos políticos y deslindes de responsabilidad, una población que vive en extrema pobreza reclama justicia.
Francesca García. Enviada especial.Irma Elsa Bautista e Isaac Gamboa fijan sus miradas esquivas en un punto frente a ellos. Pese a las circunstancias, han dejado de lado sus obligaciones y permanecen cerca de sus hijos. Sujeto por una manta típica de esta zona de Cajamarca, Devir Zenón de dos años descansa apoyado en la espalda de su madre. Frente a ellos, el mayor, Darwin Eduar Gamboa Bautista, de 8 años, yace enterrado debajo de una cruz que lleva su nombre y a cada lado se ven las cruces de los otros dos niños que, al igual que él, murieron el pasado 20 de setiembre.
Es jueves por la mañana y han pasado 23 días de la tragedia. La muerte de tres menores y la intoxicación de más de 80 personas de este caserío ubicado en el distrito de Cachachi, en la provincia cajamarquina de Cajabamba, no solo arrancó a su población del anonimato y la colocó en los titulares de los informativos del país sino que evidenció las deficiencias en la seguridad alimentaria de los productos dirigidos a las poblaciones de extrema pobreza.
En lugar de clases, hoy los niños de Redondo son interrogados por...
tres fiscales adjuntos de la Fiscalía Provincial Mixta de Cachachi. Los representantes del Ministerio Público sentados en las carpetas escolares concluyen la toma de declaraciones con el acopio de huellas digitales de los menores y firmas de sus padres, quienes, en fila, esperan su turno para relatar los eventos de aquel fatídico martes.
En sus propias palabras, los fiscales explican que aún no existen pruebas definitivas que dibujen el camino hacia los responsables y frente a ello exigen prudencia para continuar con las pesquisas correspondientes. Pese al objetivo de la diligencia del día, las puertas de la escuela continúan lacradas –explican por falta de representantes del Ministerio de Salud– y las clases suspendidas.
“Yo vi a mi hijito en el suelo tirando espuma por la boca”, atina a decir Fulgencio Díaz al recordar las horas previas a la muerte Miguel Ángel (8), quien junto a Darwin Eduar Gamboa Bautista (9) y Fiorella Sánchez Roncal (8) resultaron envenenados por efecto de un plaguicida, según un informe preliminar del Ministerio Público del distrito de Cachachi.
La imagen del grupo de escolares dominado por movimientos desenfrenados y con espuma en la boca es descrita una y otra vez por los testigos. Los niños se retraen y prefieren callar. Una vez lejos, los padres revelan que algunos de los menores que consumieron los productos provenientes del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) además de mareos, náuseas tienen graves secuelas psicológicas y se niegan a estudiar en las mismas aulas de los hechos.
A un extremo de la cancha de fútbol y lejos del tumulto, dos mujeres pasan casi inadvertidas. Sentadas en el césped, una al costado de la otra, miran con desapego la escena que tienen enfrente. Se cubren con un manto tejido con lana de oveja para intentar cortar el viento, y lo único que dejan a la vista es el espacio que sobra por debajo el sombrero.
“Nuestros hijos han estado sanitos y así nos los han matado”, sentencia Marina Roncal, madre de Fiorella, quien tras señalar a la ministra Aída García Naranjo como la responsable de la tragedia, termina la conversación.
“Dicen que las madres, las cocineras, los han matado. Deslenguados”, repuso entre sollozos.
Zona de extrema pobreza
Enquistada en los 3. 275 metros sobre el nivel del mar, Cachachi es uno de los distritos con mayor índice de pobreza en Cajabamba. Tiene una población de 21.880 pobladores, de los cuales solo 281 de ellos viven en la ciudad y 21.529 residen en la zona rural. A parte de Redondo, en Cachachi coexisten más de 70 caseríos a los cuales se accede tras horas de recorrido en auto desde la capital provincial por un camino a trocha.
Hasta ahí, los pobladores, cuya principal actividad es la agricultura –de subsistencia–, se encargan de trasladar los productos provenientes de Lima y solucionar el almacenamiento, conservación y preparación de los alimentos destinados a los niños en edad escolar, como una acción de apoyo del gobierno central, a través del Ministerio de la Mujer para quienes su ingreso resulta insuficiente para adquirir una canasta básica.
En este punto una cosa es evidente: los agentes relacionados directa o indirectamente con la tragedia coexisten en una deficiente coordinación. Antonio Medardo Alcalde Figueroa, director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cajabamba, explica que su institución se encarga de propagar el lugar donde se establece la distribución de alimentos a los colegios y no fiscalizan.
“Una vez llegada a la institución educativa, los maestros y los padres forman sus comités de alimentación y ellos organizan su rol de preparados de los alimentos”. ¿Si no son ustedes, quien debería fiscalizar? –preguntamos–. “Realmente no hay. Es difícil que exista una persona al momento de la preparación”, respondió Alcalde.
En esos momentos, en Lima el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, articulaba otra explicación: informó que tras su conversación con el presidente Ollanta Humala la respuesta concreta del Ejecutivo ante los sucesos es la reestructuración del Pronaa; y del gobierno regional, el inicio de un plan de intervención en la zona.
De cara a las primeras investigaciones del Ministerio Público, que informaron sobre los resultados de los exámenes toxicológicos practicados a los utensilios de cocina del colegio de Redondo, que dieron positivo en plaguicidas carbámicos (carbafurado) en una taza de aluminio, el alcalde del distrito de Cachachi, Freddy Marquina, descartó que las comunidades de la zona utilicen productos químicos para la agricultura.
Una vez en Cajabamba fue sencillo comprobar que la compra de insecticidas y demás venenos para la eliminación de plagas de forma individual o en grandes cantidades no es complicada. No obstante, distintos vendedores de dichos artículos que se consiguen en agroveterinarias o ferreterías explicaron que los componentes incluidos en el insecticida (carbamato) hallado en el cuerpo de los niños fallecidos están prohibidos para la venta.
Pudieron morir más
Los testimonios de la población coinciden en una conclusión escalofriante: lamentablemente murieron tres niños, pero pudieron haber sido todos. Víctor Armando Vigo Córdova, jefe del puesto de salud de Cachachi –hacia donde trasladaron a los afectados–, conversó días antes con nuestro corresponsal Edgard Jara y relató que el saldo trágico no se elevó debido a la intervención inmediata del personal, pero la distancia del caserío al centro de salud fue fatal.
Isaac Gamboa nos mira fijamente mientras quita las flores marchitas de la corona que adorna la cruz de su hijo. Su expresión demuestra que no exagera cuando dice que ese no solo enterró un hijo sino parte de él. Irma se mantiene postrada frente a ese montículo de tierra. ¿Por qué a mí? En realidad, la pregunta colectiva debería ser: ¿quiénes serán los próximos?
Taucammarca: la tragedia que mató a 24 niños
1] El 22 de octubre de 1999, 44 niños de una escuela del departamento del Cusco resultaron intoxicados luego de consumir un desayuno contaminado por un insecticida denominado Paratión. El resultado fueron 24 niños muertos, mientras que el resto resultó con graves secuelas psicológicas y problemas de aprendizaje. Producto de las pesquisas se señaló como responsables al Estado y a la empresa que producía el pesticida.
2] Así como en el caso de Redondo, los niños entre 3 y 14 años empezaron a sentir dolores en el abdomen e iniciaron convulsiones, vómitos y contracciones musculares luego de ingerir los alimentos. Algunos de los menores fallecieron al poco tiempo, mientras que otros pudieron salvarse gracias a la asistencia médica y al suministro del antídoto (atropina) que al igual que en el caso de Redondo fue insuficiente para todos.
3] Por entonces, una subcomisión del Congreso encargada de la investigación encontró como responsable a los Ministerios de Agricultura, de Salud y a la Presidencia del Consejo de Ministros. También a la empresa Bayer.
Cifras
74 son los caseríos ubicados en el distrito de Cachachi, en Cajabamba.
21 mil pobladores viven en el distrito de Cachachi. Solo 281 habitan en la ciudad.
88 personas resultaron intoxicadas por los alimentos en el caserío de Redondo.
Fuente: http://www.larepublica.pe/16-10-2011/redondo-suma-de-negligencias-que-provocaron-la-muerte-de-3-ninos
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