Delincuencia organizada tiene grandes padrinos

¿Qué tiene que ver la creciente delincuencia que existe en el país con la política y los grandes negocios? Esta es una pregunta que no se hace y que conduce a que nuestra sociedad se sienta cada vez más indefensa y se generalicen respuestas primarias: elimínenlos, traigan los escuadrones, impongan la pena de muerte, que se pueden leer cada vez más frecuentemente en los mensajes que circulan en las redes y que no llegan a la prensa por pudor de los editores.

El “cholo Jacinto” ha logrado el don de la ubicuidad. Estaba confinado en los penales de alta seguridad Castro Castro (San Juan de Lurigancho) y en Piedras Gordas (Ancón), pero sus tentáculos operaban en una vasta zona de la Provincia Constitucional del Callao, especialmente en la zona del exfundo Oquendo, a través de sus hermanas, convivientes y matones de la banda que desalojaban campesinos, los golpeaban e incluso asesinaron a varios dirigentes, para obligarlos a abandonar sus tierras.

Lo trasladaron a Challapalca, en las alturas de Puno, para aislarlo, y su nombre sonó en Pucusana, San Bartolo, Asia, al sur de Lima, Trujillo, Chiclayo y otras ciudades del norte del país.

Sindicatos mafiososLos directivos de CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) explican que...
 Jacinto Aucayari Bellido, “Cholo Jacinto”, es casi un mito y una presencia invisible, detrás de los seudosindicatos de construcción civil que se disputan los cupos de las obras, asesinan trabajadores y extorsionan y disparan contra los ingenieros que no se someten a su prepotencia.

Una ley dictada por Alan García, con aparente propósito de rehabilitación de expresidiarios estableció un porcentaje de hasta 10% de personas de esta condición en las obras de construcción civil. Pero la verdad es que se ha convertido en una enorme brecha para que las bandas coloquen a la fuerza a su gente y tomen el control de las llamadas “bolsas de trabajo”.

Poco a poco esta filtración lumpenesca se ha ido expandiendo: de Oquendo al Callao, del Callao a los balnearios, de ahí a todo Lima, y luego a las principales ciudades del interior del país. Un fenómeno que antes parecía ser uno más de los males de la gran ciudad, se está transformando en una crisis de orden público, que puede generar junto con el narcotráfico una nueva ola de violencia de largo plazo, como ocurre en otros países. La gran cuestión es: ¿cómo lo hacen?, ¿se puede dirigir y orientar a las bandas desde las cárceles sin una larga cadena de complicidades? Y no sólo del personal del INPE y la Policía que cuida las prisiones, sino más allá.

La clave de la expansión de la delincuencia asociada al crecimiento de las inversiones inmobiliarias: nuevas urbanizaciones, construcción de edificios, transferencias y registro de propiedad inmobiliaria, está en los poderosos intereses económicos que impulsan esta actividad y que en muchos casos tienen un origen en las economías de la ilegalidad. Un narco blanqueando dinero en la construcción o un traficante de tierras que manipula los registros del COFOPRI o directamente de los registros públicos, no tienen porqué tener escrúpulos de valerse de elementos avezados para consolidar sus inversiones.

Intereses económicosPero por lo que se conoce, también han intervenido en esta explosión delictiva algunas autoridades públicas, como los ex alcaldes del Callao, Kurt Woll y Alex Kouri, que reclutaban delincuentes para su seguridad y para la movilización de las zonas empobrecidas del puerto.

El municipio chalaco modificó irregularmente la zonificación de la provincia, trocando la condición de áreas rurales a zona urbana, con la consiguiente multiplicación de los precios de los terrenos, al pasar de las manos de los campesinos a la de los traficantes.

Pero tal vez lo más interesante sea advertir los nexos entre la delincuencia y la oligarquía exterrateniente, especialmente la que tenía propiedades en Lima y el Callao, que es consciente del nuevo valor que están adquiriendo las tierras en etapa de urbanización. Eso es lo que ha desatado desde los años 90, una serie de maniobras legales para despojar a los adjudicatarios, combinadas con presiones, actos de fuerza y corrupción de las organizaciones.

El caso emblemático es el de los Mujica en Oquendo, que han incrementado su fortuna con la apropiación de tierras que estuvieron a nombre de la familia por muchos años sin que las trabajaran (lo hacían los yanaconas) y que empezaron a recuperar para venderlas como tierra urbana con ayuda de los alcaldes, la policía, los jueces y fiscales, los agentes de registros públicos.

La punta de lanza de toda esta maquinaria eran, por supuesto, los miembros de la banda del “Cholo Jacinto”. En un extremo de la contradicción la familia de alta sociedad, uno de cuyos miembros es director de la Biblioteca Nacional, así como otros son gerentes de diversas empresas. Al otro lado, los criminales que siembran terror en diversas partes del país y que usan las cárceles como centro de operaciones. Los conocedores del tema confirman que el peligro es grande.


Raúl Wiener
Unidad de Investigación

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=90961