Con motivo de la revelación de las 122 víctimas de interceptación de comunicaciones por la empresa Business Track (BTR), entre políticos, funcionarios, periodistas y otros, conversamos con el periodista César Romero Calle, quien nos explicó la situación actual del juicio por espionaje de comunicaciones que involucra al saliente Gobierno de Alan García.
Por Alfonso Rivadeneyra García (@Gregory_House_)
Para aclarar a los lectores: el juicio a BTR por interceptación de comunicaciones ¿Es solo por el caso Petroaudios, o esta es solo una parte?
El juicio que se está realizando a Elías Ponce Feijoó y los demás es por el tema de espionaje telefónico, correos, todo lo que hicieron como BTR, tanto Petroaudios como otros audios de estudios de abogados, empresas, etc. Petroaudios es otro caso que sigue en investigación y más adelante irá a juicio.
Entre los espiados hay empresas, ONG, políticos, periodistas, pero ¿Qué patrón común tienen las víctimas?
Un patrón común de la mayoría es que tenían procesos judiciales, litigios entre ellos. Por ejemplo la empresa Trupal es espiada en los meses previos a que sea adquirida por Gloria, había un tema empresarial por saber la situación de la empresa, cómo se iba a vender. Por el lado de los estudios de abogados, hay muchas empresas que están en juicios y la otra parte quiere saber qué es lo que están planificando, cuál es su estrategia legal. Hay bastante conflicto empresarial en medio de esto.
Partiendo de este punto, ¿Cualquiera pudo haber sido el financista?
Claro, eso es lo difícil de esto. Saber quién financió es una investigación para desarrollar a partir de algunos indicios, ahora allí está un poco la duda: ¿Eran empresas o personas que los buscaban para solicitar que espiaran a alguien? ¿O ellos por iniciativa propia viendo el conflicto, espiaban a las partes y vendían la información?
Como si buscaran oro en un sitio y vendieran el terreno.
Exacto.
¿Qué revela la existencia de esta red, tan organizada, encontrada de un momento a otro tiempo atrás?
Esto muestra una cosa: la debilidad institucional que vive el país, la debilidad de los...
institutos de espionaje estatal, que todo país tiene y que todas las sociedades lo hacen, como la Policía. A partir del 2000, con la caída del régimen, hay una reorganización para sacar a la gente de (Vladimiro) Montesinos, pero no son rápidamente reorganizados como debió hacerse. Quedaron ahí, con bastante vacío, y lo aprovecharon. Según cálculos, entre el 2004 y el 2009 se movieron entre las fuerzas armadas. Como dice Ponce (Feijóo), dentro de las Fuerzas Armadas todos sabían de la inteligencia paralela, pero nadie decía “¡alto!”. Tuvo que aparecer el tema de los Petroaudios y explotar el Gobierno de turno para que haya una investigación formal.
¿Qué tanto cambia el rumbo de la investigación saber que estas intervenciones pudieron haber ocurrido desde incluso el 2003, antes de lo pensado?
No afecta a la investigación. Casi los hechos están probados en lo que es espionaje, porque basta que se prueben uno o dos casos. Porque espiar a 20 personas es igual que espiar a una persona, no aumentará ni disminuirá el delito. Desde cuándo operan, para el tema procesal, no es muy trascendente. Pero para la nosotros, como sociedad, sí es importante ver las fechas desde cuándo operaban, pero no para el proceso judicial.
¿Y en qué etapa está actualmente el proceso?
Está en la etapa de interrogatorio a los procesados, son ocho, de los cuales ya declararon los 7 primeros, y a partir de mañana debe estar declarando Giselle Gianotti. Y veamos, porque primero es interrogarlos para saber su versión. Luego vendrán los testigos y documentos a evaluar.
Y a estas alturas imagino que no se puede descartar a nadie.
No se puede descartar ninguna versión.
¿Además del presidente Alan García, quiénes más están por declarar?
Hay varios, como policías, militares, un número bastante grande, por lo menos 30 personas citadas como testigos. Está Jorge Del Castillo, Hernán Garrido Lecca (ex ministro de Salud), Remigio Hernani (ex ministro del Interior), Carlos Morán de la Dirandro, entre otros. La fiscalía ha considerado pedir a varios. Se considera siempre, también, que declaren algunas de las víctimas.
¿Quiénes de esta lista irían sí o sí?
Rómulo (León) y (Alberto) Químper.
Ahora que Martín Fernández Vírhuez dijo que después de 28 de julio va a revelar más audios ¿cuál es la diferencia de que esto sea antes de la fecha o después?
Hasta cierto punto es parte de su estrategia de defensa, porque el viernes interrogaron a Ponce Feijóo y el presidente del Tribunal justo le hizo acordar una cosa: que en enero él dijo: “cuando yo llegue al juicio público voy a revelar muchas cosas que no te puedo decir”, y el presidente al recordarle sus palabras, Ponce no dijo nada nuevo, porque no tenía más que mencionar. Ahora, sobre la fecha para revelar los audios, pues ellos (los acusados) pueden temer que como todavía Alan García está en la presidencia, en estos 24 días que faltan, podría hacerles algo mientras aún tiene el poder, y esperan que haya nuevas autoridades. Pero ya no creo que por allí vaya la cosa, sino que es una estrategia de defensa. Aunque eso no quita que en este tiempo sigan saliendo algunos audios que puedan estar por allí.
Hablando del nuevo Gobierno ¿cuál crees que será la posición de la administración de Ollanta Humala ante este juicio? ¿Se mantendrá neutral?
Más allá de lo que el Gobierno pueda o quiera hacer, yo creo que el Poder Judicial no va a permitir que haya alguna interferencia. El Tribunal que está juzgando este caso es de primer nivel, están Iván Sequeiros, Aissa Mendoza, Antonia Saquicuray, que tienen bastante experiencia en lucha anticorrupción y han demostrado en varias oportunidades ser independientes al poder. Hay que recordar a Antonia Saquicuray, que se atrevió en 1995, en pleno Gobierno de Fujimori a abrir proceso y ordenar detenciones al grupo Colina y se negó a aplicar la Ley de Amnistía que dieron para sacar a ese grupo. Ahora, más allá que el Gobierno de Humala quiera meterse, el Poder Judicial no se lo va a permitir.
Ahora, la bancada aprista que viene, de solo cuatro congresistas ¿Tendrá poder para cambiar el curso del juicio?
A nivel del Congreso, no. El Apra va a estar demasiado pequeño y estarán preocupados para ver cómo sobreviven. Van a tener más que preocuparse en ellos que por el juicio, que no le afecta a ninguno de los parlamentarios.
Finalmente, sobre Ponce Feijóo ¿Por qué este sujeto solo ha mencionado el nombre de Alan García como uno de sus clientes y al resto?
Puede ser parte de una estrategia: 1) por politizar el tema y captar la atención y 2) ellos (los acusados) han querido que el juicio sea de lucha anticorrupción (caso Petroaudios), donde son los, digamos, lso “valientes” que se atrevieron a “luchar contra los corruptos”. Yo diría que quieren agarrarse de la figura de un rondero o un vigilante, como en las películas; quien al ver la delincuencia avanzar, sale a tomar la justicia con sus propias manos. Están sentados en el banco de los acusados, señalan a otros y buscan invertir el papel.
Fuente: http://www.larepublica.pe/04-07-2011/cesar-romero-el-espionaje-de-btr-demuestra-la-debilidad-institucional-que-vive-el-pais
Por Alfonso Rivadeneyra García (@Gregory_House_)
Para aclarar a los lectores: el juicio a BTR por interceptación de comunicaciones ¿Es solo por el caso Petroaudios, o esta es solo una parte?
El juicio que se está realizando a Elías Ponce Feijoó y los demás es por el tema de espionaje telefónico, correos, todo lo que hicieron como BTR, tanto Petroaudios como otros audios de estudios de abogados, empresas, etc. Petroaudios es otro caso que sigue en investigación y más adelante irá a juicio.
Entre los espiados hay empresas, ONG, políticos, periodistas, pero ¿Qué patrón común tienen las víctimas?
Un patrón común de la mayoría es que tenían procesos judiciales, litigios entre ellos. Por ejemplo la empresa Trupal es espiada en los meses previos a que sea adquirida por Gloria, había un tema empresarial por saber la situación de la empresa, cómo se iba a vender. Por el lado de los estudios de abogados, hay muchas empresas que están en juicios y la otra parte quiere saber qué es lo que están planificando, cuál es su estrategia legal. Hay bastante conflicto empresarial en medio de esto.
Partiendo de este punto, ¿Cualquiera pudo haber sido el financista?
Claro, eso es lo difícil de esto. Saber quién financió es una investigación para desarrollar a partir de algunos indicios, ahora allí está un poco la duda: ¿Eran empresas o personas que los buscaban para solicitar que espiaran a alguien? ¿O ellos por iniciativa propia viendo el conflicto, espiaban a las partes y vendían la información?
Como si buscaran oro en un sitio y vendieran el terreno.
Exacto.
¿Qué revela la existencia de esta red, tan organizada, encontrada de un momento a otro tiempo atrás?
Esto muestra una cosa: la debilidad institucional que vive el país, la debilidad de los...
institutos de espionaje estatal, que todo país tiene y que todas las sociedades lo hacen, como la Policía. A partir del 2000, con la caída del régimen, hay una reorganización para sacar a la gente de (Vladimiro) Montesinos, pero no son rápidamente reorganizados como debió hacerse. Quedaron ahí, con bastante vacío, y lo aprovecharon. Según cálculos, entre el 2004 y el 2009 se movieron entre las fuerzas armadas. Como dice Ponce (Feijóo), dentro de las Fuerzas Armadas todos sabían de la inteligencia paralela, pero nadie decía “¡alto!”. Tuvo que aparecer el tema de los Petroaudios y explotar el Gobierno de turno para que haya una investigación formal.
¿Qué tanto cambia el rumbo de la investigación saber que estas intervenciones pudieron haber ocurrido desde incluso el 2003, antes de lo pensado?
No afecta a la investigación. Casi los hechos están probados en lo que es espionaje, porque basta que se prueben uno o dos casos. Porque espiar a 20 personas es igual que espiar a una persona, no aumentará ni disminuirá el delito. Desde cuándo operan, para el tema procesal, no es muy trascendente. Pero para la nosotros, como sociedad, sí es importante ver las fechas desde cuándo operaban, pero no para el proceso judicial.
¿Y en qué etapa está actualmente el proceso?
Está en la etapa de interrogatorio a los procesados, son ocho, de los cuales ya declararon los 7 primeros, y a partir de mañana debe estar declarando Giselle Gianotti. Y veamos, porque primero es interrogarlos para saber su versión. Luego vendrán los testigos y documentos a evaluar.
Y a estas alturas imagino que no se puede descartar a nadie.
No se puede descartar ninguna versión.
¿Además del presidente Alan García, quiénes más están por declarar?
Hay varios, como policías, militares, un número bastante grande, por lo menos 30 personas citadas como testigos. Está Jorge Del Castillo, Hernán Garrido Lecca (ex ministro de Salud), Remigio Hernani (ex ministro del Interior), Carlos Morán de la Dirandro, entre otros. La fiscalía ha considerado pedir a varios. Se considera siempre, también, que declaren algunas de las víctimas.
¿Quiénes de esta lista irían sí o sí?
Rómulo (León) y (Alberto) Químper.
Ahora que Martín Fernández Vírhuez dijo que después de 28 de julio va a revelar más audios ¿cuál es la diferencia de que esto sea antes de la fecha o después?
Hasta cierto punto es parte de su estrategia de defensa, porque el viernes interrogaron a Ponce Feijóo y el presidente del Tribunal justo le hizo acordar una cosa: que en enero él dijo: “cuando yo llegue al juicio público voy a revelar muchas cosas que no te puedo decir”, y el presidente al recordarle sus palabras, Ponce no dijo nada nuevo, porque no tenía más que mencionar. Ahora, sobre la fecha para revelar los audios, pues ellos (los acusados) pueden temer que como todavía Alan García está en la presidencia, en estos 24 días que faltan, podría hacerles algo mientras aún tiene el poder, y esperan que haya nuevas autoridades. Pero ya no creo que por allí vaya la cosa, sino que es una estrategia de defensa. Aunque eso no quita que en este tiempo sigan saliendo algunos audios que puedan estar por allí.
Hablando del nuevo Gobierno ¿cuál crees que será la posición de la administración de Ollanta Humala ante este juicio? ¿Se mantendrá neutral?
Más allá de lo que el Gobierno pueda o quiera hacer, yo creo que el Poder Judicial no va a permitir que haya alguna interferencia. El Tribunal que está juzgando este caso es de primer nivel, están Iván Sequeiros, Aissa Mendoza, Antonia Saquicuray, que tienen bastante experiencia en lucha anticorrupción y han demostrado en varias oportunidades ser independientes al poder. Hay que recordar a Antonia Saquicuray, que se atrevió en 1995, en pleno Gobierno de Fujimori a abrir proceso y ordenar detenciones al grupo Colina y se negó a aplicar la Ley de Amnistía que dieron para sacar a ese grupo. Ahora, más allá que el Gobierno de Humala quiera meterse, el Poder Judicial no se lo va a permitir.
Ahora, la bancada aprista que viene, de solo cuatro congresistas ¿Tendrá poder para cambiar el curso del juicio?
A nivel del Congreso, no. El Apra va a estar demasiado pequeño y estarán preocupados para ver cómo sobreviven. Van a tener más que preocuparse en ellos que por el juicio, que no le afecta a ninguno de los parlamentarios.
Finalmente, sobre Ponce Feijóo ¿Por qué este sujeto solo ha mencionado el nombre de Alan García como uno de sus clientes y al resto?
Puede ser parte de una estrategia: 1) por politizar el tema y captar la atención y 2) ellos (los acusados) han querido que el juicio sea de lucha anticorrupción (caso Petroaudios), donde son los, digamos, lso “valientes” que se atrevieron a “luchar contra los corruptos”. Yo diría que quieren agarrarse de la figura de un rondero o un vigilante, como en las películas; quien al ver la delincuencia avanzar, sale a tomar la justicia con sus propias manos. Están sentados en el banco de los acusados, señalan a otros y buscan invertir el papel.
Fuente: http://www.larepublica.pe/04-07-2011/cesar-romero-el-espionaje-de-btr-demuestra-la-debilidad-institucional-que-vive-el-pais
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