Los embajadores y los golpes

Cinco escenas íntimas en la vida de Torre Tagle. ¿Tienen que ver los hechos actuales con ajustes de cuentas de etapas anteriores? La retrospectiva comienza en la juramentación de la junta militar de Velasco Alvarado, en 1968, continúa con el brutal despido de diplomáticos de 1992 y se detiene en la investigación de los supuestos colaboracionistas del período de Fujimori.
Por Ricardo Uceda
ESCENA 1: EL GOLPE MILITAR
3 de octubre de 1968, Salón Dorado de Palacio de Gobierno
El secretario general de Relaciones Exteriores, Javier Pérez de Cuéllar, realiza los actos protocolares necesarios para que asuma funciones la junta militar que ha depuesto en la madrugada al presidente Fernando Belaunde. Son las siete de la noche. Hasta hace pocas horas los miembros del defenestrado gabinete han estado presos en la Prefectura después de que intentaran inútilmente hacer una última sesión en el local de la Cancillería. El ministro de Aeronáutica Luis Gagliardi, a quien no detuvieron porque era militar, se había ido a la Prefectura para exigir que lo encarcelaran. Allí también estuvo entre rejas el futuro canciller José Antonio García Belaunde  –por entonces tercer secretario– junto con su hermano Víctor Andrés, acusados de atacar a la policía. Al año siguiente Pérez de Cuéllar sería el primer embajador peruano en la Unión Soviética.
Consecuencias de la primera escena
En 1981, con el regreso de Belaunde al gobierno, Pérez de Cuéllar sufre represalias políticas. Un sector oficialista, liderado por Javier Alva Orlandini, veta en el Senado su designación como embajador en Brasil. Poco después fue...
elegido secretario general de la ONU. Pero el servicio exterior durante el gobierno belaundista no castigó a quienes fueron embajadores emblemáticos durante el gobierno militar. La conducta de Pérez de Cuéllar fue considerada profesional. ¿Tiene algo que ver esta escena con el debate actual sobre los cambios en Torre Tagle? Para nada, pero la discusión sobre el rol de la diplomacia en contextos antidemocráticos volvería dramáticamente.
ESCENA 2: TRES RENUNCIAS
Caracas y Washington, 5 de abril de 1992
Tras conocerse el golpe de Estado de Alberto Fujimori, tres embajadores renuncian. Uno es Roberto Mc Lean, embajador político en Washington, nombrado por la inicial influencia de Hernando de Soto. Otro, Luis Marchand, embajador en la OEA. El tercero es el embajador en Venezuela, Allan Wagner. Ninguno de sus otros colegas consideró una falta a su deber continuar en el cargo. Ahora, después de la aprobación de la llamada Cláusula Democrática, en 2003, todo representante diplomático peruano en el exterior está obligado a renunciar ante un gobierno usurpador. Pero en 1992 ese principio no existía, ni siquiera en la conciencia profesional. Antes de renunciar, Wagner le consultó su decisión a un amigo del servicio.
–Si te quedas, tienes presente. Si renuncias, tienes futuro.
Consecuencias de la segunda escena
Tras el golpe de Estado, comenzó un intenso trabajo para proteger la imagen del gobierno. El canciller Blacker Miller instruyó a las representaciones para explicar las circunstancias difíciles que llevaron a tomar el golpe de Estado. Las cumplieron tanto los embajadores que estaban de acuerdo como en desacuerdo con el gobierno. En agosto de 1992, el embajador en Ginebra, Oswaldo de Rivero, crítico del colaboracionismo de la diplomacia peruana con el fujimorismo, garantizó el pleno respeto de los derechos humanos en Perú ante una subcomisión de la especialidad que preparaba una resolución adversa. En cuanto a Wagner, retornó al gabinete como canciller en el segundo gobierno de Alejandro Toledo y sería ministro de Defensa con Alan García.

ESCENA 3: LOS INDIGNADOS
Diciembre de 1992, Salón de Embajadores del palacio de Torre Tagle.
En una asamblea de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático se discute la brutal disposición del gobierno de cesar a 117 de sus miembros. Hay unos cincuenta asistentes, y la mesa está presidida por el embajador Vicente Azula, hoy representante en República Dominicana. No se halla el viceministro Roberto Villarán, uno de los operadores de la reforma, y que mantiene algún control en la asamblea. Muchos de los asistentes saben que Fujimori quería una purga desde el primer año de su gobierno. A fines de 1990 Fujimori no aprobó la lista de ascensos presentaba por el canciller Luis Marchand, lo que motivó su renuncia. En diciembre, en una cena privada ofrecida por Manuel Ulloa y a la que asistía Fujimori, Marchand intentó que el ex premier persuadiera a Fujimori de que el cese masivo de diplomáticos era una mala idea. El siguiente canciller, el vicealmirante Raúl Sánchez Sotomayor, tampoco quiso podar, y se fue luego de un mes en el cargo. Cuando en noviembre de 1991 asumió Augusto Blacker Miller y Manuel Rodríguez y Luis Chuquihuara se convirtieron en dos de sus principales asesores, el tema de la renovación de personal en Torre Tagle volvió al tapete, junto con otras ideas para modernizar el servicio que figuran en el libro de Blacker La Propuesta Inconclusa. En el restaurant Agua Viva, al frente mismo de Torre Tagle, Rodríguez y Chuquihuara le contaron a una fuente que lo dijo para esta pequeña historia de los saludables cambios de personal que se venían, que permitirían deshacerse de funcionarios ineficientes, desde un punto de vista técnico. Pero al siguiente año, ya con Óscar de la Puente como canciller, la poda fue política y barrió con los ineficientes, los eficientes y los inconvenientes, Rodríguez y Chuquihuara incluidos. En la asamblea, propicia para el acaloramiento, se habló de traidores que habían elaborado listas de purgados. Sin embargo, los acuerdos no fueron agresivos. Se nombró, para que hablara con Fujimori, una comisión de notables que luego se conocería como Los Embajadores Criollos. La asamblea, en suma, no tomó posición sobre el asunto de fondo.
Consecuencias de la tercera escena
Un embajador, Oswaldo de Rivero, renuncia en protesta por la purga. El resto permanece. ¿Debieron irse? En un feroz intercambio epistolar con el embajador Jorge Valdez, diez años después, De Rivero diría que no les reclamaba tal renuncia a quienes se quedaron. Los operadores directos del canciller De la Puente –Roberto Villarán, secretario general; Jaime Stiglish, jefe de gabinete; Alejandro León Pazos– irían a embajadas ventajosas, pero luego, con el correr de los años, terminarían en el ostracismo. Otro grupo sería el más destacado de los años cumbres de Fujimori: Ricardo Luna, Alfonso Rivero, Hugo Palma, José Antonio Arróspide, Eduardo Ponce, Jorge Valdez. Anduvieron de capa caída durante los cinco años de Toledo y con García volvieron a primera división. Pero antes habrían de ser minuciosamente investigados.
ESCENA 4: EL CONSENSO DE WASHINGTON
1º de junio del 2002, en la oficina Inspectoría General de Torre Tagle
El periodista Güido Lombardi, miembro de una comisión nombrada para investigar el cese de los 117 diplomáticos durante el gobierno de Fujimori, es sorprendido tomando fotografías de documentos en una oficina de la Cancillería donde están archivados los documentos del grupo de trabajo. Desde que descubrieron que en los materiales para estudiar había versiones sobre la vida íntima de embajadores, tomaron el acuerdo de no sacar ningún papel de la Cancillería. Al extraer imágenes, explicó después Lombardi, no violaba el acuerdo y obtenía datos indispensables para redactar un informe en minoría en su casa. Durante las sesiones habían investigado las circunstancias en que se elaboró la lista de los 117 cesados. Óscar de la Puente, el canciller podador, dijo a la comisión que fue en una reunión en la embajada peruana en los Estados Unidos, a la que convocó a un grupo de embajadores y funcionarios. A este supuesto conciliábulo se llamó después con sorna El Consenso de Washington. El entonces ministro Pablo Portugal sostuvo que encontró un borrador de la lista en un baño de la embajada, un descuido de alguien que quiso eliminarla. La comisión obtuvo consenso para encontrar responsables a los embajadores León y Villarán, todos ellos miembros del equipo del canciller. Pero no para señalar la presunta colaboración de Alfonso Rivero, Hugo Palma y Arturo Montoya, finalmente señalados por la mayoría y no por Lombardi. A Rivero y a los embajadores Eduardo Ponce, Jorge Valdez y José Antonio Arróspide también se les atribuyó sin fundamento un manejo irregular de la información referida a las elecciones políticas en el Perú.
Consecuencias de la cuarta escena
Nombrada por el canciller Diego García Sayán, la comisión entregó resultados a su sucesor, Allan Wagner. A su vez, Wagner nombró tres subcomisiones para determinar responsabilidades administrativas o funcionales. Todo quedó en nada. Aunque la lista de purgados se hizo en Washington no fue posible saber quién añadió o quitó un nombre de alguna de las tres columnas: corruptos, ineptos o de “conducta impropia”.
ESCENA 5: NO A LOS PRIVILEGIOS
Agosto del 2011, sede de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, en un local del jirón Ucayali contiguo al Palacio de Torre Tagle.
En la asamblea, de unos 120 asistentes, la mayoría se dispone a respaldar el proyecto gubernamental para una poda de embajadores. Habrá pocas intervenciones, algunas dramáticas. Los diplomáticos se jubilan a los 70 y al cumplir 20 años como embajadores. Dado que ambos límites no coinciden en el caso de los últimos, la misma ley dice que determinados embajadores que ya llegaron al tope de tiempo en el cargo –los promovidos antes del 2000– se quedarán en el mismo hasta que cumplan 70. En torno a esta propuesta para eliminar la excepción se polemiza en la asamblea, aunque es obvio el resultado. De la minoría hay solo cuatro embajadores, todos ellos candidatos al degollamiento: Hernán Couturier, Juan Álvarez Vita, Max de la Fuente, Arturo Montoya. Solo intervendrá Couturier, embajador en Londres, que  se halla en Lima de casualidad. Dirá que el proyecto discrimina a virtuosos que ascendieron precozmente y que tienen  derecho a llegar en actividad hasta los 70. La mayoría aplasta esta intervención. Son demasiados los que dicen, en varios casos con hostilidad, que la iniciativa corrige privilegios inconstitucionales a la vez que abre campo a los más jóvenes. Algunos ausentes notables: el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, abierto defensor de la propuesta; el secretario de la Presidencia de la República, Luis Chuquihuara, a quien se atribuye la paternidad de la criatura, por lo menos en la oportunidad; el vicecanciller Hans Meier, que estuvo al comienzo y antes de la votación se fue; los ex cancilleres José de la Puente Radbill y Luis Marchand. Tampoco están el ícono Javier Pérez de Cuéllar, quien más adelante objetaría las formas y no el fondo de la iniciativa, ni el ex canciller José Antonio García Belaunde, de 63 años, cuya idea para desatorar el escalafón –hay poco sitio para nuevos embajadores– fue jubilarlos a todos a los 65. El Congreso no la aceptó.
Consecuencias de la quinta escena
Los resultados de la asamblea No a los Privilegios permitieron a la Cancillería mostrar que las bases apoyaban su iniciativa. La gran mayoría de diplomáticos jóvenes no llegará a ser embajador antes de los 53 años, un contraste con el caso de García Belaunde, que ascendió a la categoría a los 39.
Pero, por otra parte, de aprobarse la propuesta de la Cancillería, al cabo de cinco años habrían pasado al retiro 32 embajadores, contando desde el 28 de julio del 2011. Con la ley actual, 28.
Claro que, en la primera opción, se van 15 de un porrazo, y entre ellos algunos de los protagonistas de las historias contadas. Dicho esto, ¿tiene algo que ver la quinta escena con los ajustes de cuentas de las tres anteriores? Quizá, en algún sentido, pero en todo caso envuelta en una contradicción mayor, distinta de todas las anteriores. Una pugna generacional, cuya solución definitiva aún no está a la vista.

Fuente: http://www.larepublica.pe/09-10-2011/los-embajadores-y-los-golpes