¿Medida necesaria, torpeza o improvisación?

Uno de los principales problemas que debe combatir el gobierno de Ollanta Humala, de manera planificada y firme, es la falta de seguridad que existe en nuestro país. Si bien el gobierno nacionalista ha demostrado un cambio sustancial en relación al gobierno anterior -encabezando el mismo presidente el comité de seguridad ciudadana-, la reciente “reingeniería” en la PNP tomando en cuenta exclusivamente el criterio de antigüedad –en virtud del cual, justos pagan por pecadores-, siembra dudas sobre la planificación y pericia del gobierno para mejorar la seguridad en nuestro país, comenzando –qué duda cabe- por combatir la corrupción e ineficiencia policial.

¿Existe ya un plan de seguridad ciudadana para los próximos 5 años? Hay que reconocer que las primeras señales por parte del gobierno han sido positivas aunque insuficientes: el Presidente de la República encabezará el comité de seguridad ciudadana; se empezó a eliminar, de manera parcial, el pernicioso régimen policial del 1x1; se creó un fondo para la seguridad ciudadana; se autorizó la adquisición de bienes y servicios necesarios para dotar a la Policía de mejor logística para el desempeño de sus funciones; se nombró a un especialista al frente del Instituto Nacional Penitenciario, entre otras medidas. Pero hasta ahora el Gobierno no ha presentado un plan de corto y mediano plazo en torno a la seguridad, notándose, por ende, improvisación en la adopción de algunas medidas como, precisamente, la reciente purga policial, en la que han pasado al retiro a malos y buenos generales, a algunos de los cuales apenas en agosto pasado los rotaron de puesto.

Si bien todos estamos de acuerdo en que es necesaria una...
reforma integral en la Policía para, sobre todo, eliminar la corrupción transversal en la institución y recuperar la confianza de los ciudadanos en su Policía Nacional, que García dejó por los suelos; creemos que este tipo de medidas no ayudan a cumplir dichos fines. El tema de fondo en la reestructuración de la PNP no es, como señala el exministro del Interior, Octavio Salazar, un problema de la estructura salarial. Es un problema de doctrina policial y, por supuesto, de corrupción a pequeña, media y gran escala.

¿ES SALAZAR EL MEJOR GENERAL PNP?
La principal razón para explicar esta purga en la Policía ha sido lo establecido por el artículo 50º de la ley Nº 28857, Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional del Perú, la cual señala que para el caso de los Oficiales Generales de Policía, cuando se designe como Director General de la Policía Nacional del Perú a un oficial de menor antigüedad, el pase a la situación de retiro por renovación se produce de forma extraordinaria e inmediata.

Entonces, bajo esta norma todos los generales PNP, con mayor antigüedad del designado, pasan al retiro. Es decir, para designar al actual Director General de la PNP, General Raúl Salazar Salazar, había que pasar al retiro a todos aquellos que tuvieran mayor antigüedad en la PNP que él, sin importar cuál era la trayectoria de los generales, si eran buenos o males efectivos policiales, si habían dado su vida por dejar en alto el nombre de la policía o si habían desarrollado una carrera para llenarse los bolsillos o de otros. Eso no importó en la purga, el único criterio fue el de antigüedad.

Según un medio local, el ministro Valdés aprovechó el buen ánimo del jefe del Estado, tras acudir al partido de futbol del viernes 07 entre Perú y Paraguay, para comentarle que la seguridad del Estadio nacional estuvo a cargo de Salazar, lo que habría causado una buena impresión en Humala. Salvo esa referencia, desconocemos cuál es la razón para nombrar al director general de la PNP. Antes de ocupar este cargo tan importante, el Gral. Salazar se desempeñó, por escasos dos meses, como director de la VII región policial Sur y, antes de desempeñar esa labor, entre el 2007 y el 2010, fue Director de la Seguridad de Palacio de Gobierno y, por ende, del expresidente Alan García.

Pero entonces, ¿cuál era el objetivo real de este cambio? ¿Poner a generales más jóvenes en la dirección general de la PNP o mejorar la seguridad ciudadana y luchar contra la corrupción?

LA PIRÁMIDE OBESA
Una de las principales razones esgrimidas por fuentes oficiales es que es necesario restablecer una “pirámide policial”, que fue desnaturalizada en los Gobiernos de Alberto Fujimori y, posteriormente, de Alan García también. La PNP vio desfigurada su estructura jerárquica, el sistema de ascensos de entonces dejó de responder a criterios técnicos y profesionales, para utilizar el favoritismo y el criterio político, con lo que la institución perdió el carácter piramidal que debería tener por ser una institución fundamentalmente jerárquica y disciplinada.

Había pues, dos problemas principales. En primer lugar, la cantidad de altos mandos excedía los que la PNP necesitaba, con lo que fue necesario crear puestos de mando para ocupar a los oficiales ascendidos con criterios políticos. Esta situación tuvo por consecuencia la recarga burocrática de la institución y, por tanto, su ineficiencia. Y en segundo lugar, muchos de los oficiales que eran ascendidos por dicho criterio no estaban capacitados profesionalmente para asumir las funciones correspondientes al cargo que ostentaban. Esto conllevó a la debilidad y falta de operatividad en la institución. Al inicio del gobierno de Alejandro Toledo, el entonces Ministro del Interior Fernando Rospigliosi, con la finalidad de reformar a la Policía Nacional y recuperar la confianza en esta por parte de la ciudadanía, convocó a un grupo de profesionales y expertos civiles, así como a algunos de los altos mandos de la PNP y conformó una Comisión de Reestructuración, la cual, después de poco más de 3 meses de trabajo, en febrero de 2002, entregó un informe final con sus recomendaciones. Por supuesto, entre estas se encontraban medidas para mejorar la eficiencia y transparencia administrativa.

Para cumplir este objetivo se hacía necesario adoptar un plan de carrera que incorpore un sistema de depuración de los oficiales menos competentes y menos destacados. Así también, fortalecer los mecanismos de control interno y externo, como la creación de un nuevo régimen disciplinario que permitiera eliminar de manera regular a los malos elementos. Y para conseguir la organización piramidal aspirada, también se hacía necesario una política de ascenso que respondiera estrictamente a las demandas reales de la institución policial.

La “pirámide policial” que encontró la Comisión estaba totalmente distorsionada. Solo para tener una idea, el número de tenientes era superior al doble de la cantidad de alfereces, el menor grado en el escalafón policial. En tanto las reformas mencionadas eran llevadas a cabo para solucionar la hipertrofia de altos mandos en la PNP. La comisión sugirió que la única forma de comenzar a depurar a los malos oficiales era la invitación al retiro por renovación. De esta forma, se realizó un cronograma de renovaciones por etapas.

En el 2001 pasaron al retiro más de 600 oficiales; en el 2002, aproximadamente 450; y en el 2003, alrededor de 250 oficiales. Sin embargo, el proceso de depuración se vio interrumpido, pues en el 2002 la medida causó tal conflicto entre el Ministro Gino y el Director General de la PNP, José Tisoc, que el proceso culminó con la renuncia de ambos. Y aunque posteriormente retornó Fernando Rospigliosi, con la salida definitiva de este tras su censura en el Congreso, el proceso quedó trunco. Pese a ello, en el 2004 la pirámide policial se acercaba más a la deseada.

Por supuesto, el gobierno de Alan García tampoco tuvo intención de retomar el proceso de reforma. De hecho, las gestiones en el Ministerio del Interior fueron las más cuestionadas y envueltas en escándalos durante su gobierno, como las de Pilar Mazzeti, Octavio Salazar y Fernando Barrios. Por el contrario, la arbitrariedad en la designación de ascensos regresó y la pirámide organizacional volvió a deformarse.

LA SALIDAD DE LOS GENERALES Y EL TRATO A LA POLICIA
No se entiende cómo un gobierno que piensa recuperar la confianza de los peruanos en su policía nacional puede cometer tal torpeza frente a la familia policial. Porque no solo está el hecho de separar a oficiales de más alto rango, sin ningún criterio de honradez o buen desempeño, sino también el maltrato que muchos oficiales han sentido en esta medida, reiteramos, basada solo en el criterio de la antigüedad y no en la honestidad o el buen desempeño.

¿Qué percibirán los oficiales de menor rango o suboficiales si a algunos buenos generales se les ha tratado así?
Todos los oficiales separados tenían, cuanto menos, 30 años de servicio. Algunos llegaron a ascender por méritos propios, otros por méritos ajenos, pero algunos, los menos por supuesto, desempeñaron funciones valerosas y admirables a lo largo de su carrera policial. Uno de estos escasos oficiales fue el general Eduardo Arteta Izarnótegui. Según palabras del propio general Arteta, hasta el día 13 de octubre no había recibido comunicación oficial alguna por el pase al retiro, menos aún un reconocimiento o carta del Ministro del Interior o del Presidente de la República.

Al preguntarle al general cómo se enteró de su relevo, después de 34 años de servicio, este contó que la noticia la recibió trabajando el domingo pasado, cuando debía sostener una reunión con los comisarios que cumplían sus funciones en la jurisdicción a su cargo (Dirección Lima Norte), pero al llegar a su centro de trabajo se enteró que se había firmado una resolución de pase a retiro a 30 generales. Después, por curiosidad natural, ingresó a la web del diario El Peruano y se dio cuenta de que había sido pasado al retiro. Esta falta de reconocimiento al que era, sin dudas, el mejor policía comunitario del país, es no solo una torpeza sino una ingratitud a la labor policial honrada y eficaz.

¿CUÁL SERÁ EL COSTO DE PASAR AL RETIRO A TODOS ESTOS ALTOS OFICIALES?
Por otro lado, otro aspecto a tomar en cuenta es cuánto costará el pase al retiro de cientos de oficiales de la policía, cómo se hará ese gasto y si dependerá de criterios técnicos y de buen desempeño policial o de la capacidad negociadora del Ministro del Interior con poderoso Ministro de Economía. Por ejemplo, por cada general separado se estima que se le deberá pagar aproximadamente entre 40 mil y 50 mil soles, dependiendo de varios factores, como por ejemplo, el cambio de residencia, la compensación por tiempo de servicio, fondo de seguridad de oficiales, combustible, entre otros. Es decir, con esta medida el Estado tendrá que desembolsar entre 1´200,000 y 1´500,000 soles. Al respecto, consideramos necesario que el gobierno de Ollanta Humala dé a conocer cómo va a financiar la reingeniería en la PNP.

CUIDADO CON LA MILITARIZACIÓN DEL ORDEN INTERNO
Por diversas fuentes hemos constatado que la familia policial se siente desmoralizada, desmotivada y tiene una gran preocupación, debido a que los policías no saben en qué momento y bajo qué criterios pueden ser cesados de sus cargos. Ante esta situación nace la pregunta: ¿a qué se van a dedicar los policías que están siendo separados cuando dejen la PNP? ¿Algunos de estos policías, lamentablemente, se podrían dedicar a aquello que supuestamente estaban preparados a combatir?

Por otro lado, preocupa la creciente presencia de exmilitares en el Ministerio del Interior, como el coronel EP (r) Eduardo Arbulú Gonzales al frente de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), y también la aparente y creciente subordinación de la policía frente al Ejército. Tómese en cuenta que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen una especialización distinta y cumplen diferentes funciones constitucionales: la defensa nacional y el orden interno, respectivamente. Nos resistimos a creer que el objetivo sea tener una Policía sometida a tutoría militar como en la época de Fujimori. ¿Cuánto ha tenido que ver el servicio de inteligencia del ejército en la purga de los generales? ¿Por qué se ha preferido un criterio cronológico frente al buen desempeño y la honestidad policial? En el pasado, desde IDL-SC criticamos cuando los ascensos en la PNP se basaron exclusivamente en el criterio de la antigüedad (“envejeces y ascenderás”); por ende, ahora también cuestionamos que el pase al retiro de oficiales PNP se sustente exclusivamente en la antigüedad también, pues es una medida que no contribuye a la lucha contra la corrupción policial, sino más bien a desacreditarla.

Este análisis fue elaborado por David Lovatón Palacios, Enrique Arias Aróstegui, Nancy Mejía Huisa y Andrea Jiménez Guzmán de IDL-Seguridad Ciudadana

Fuente: http://diario16.pe/noticia/10450-a-medida-necesaria-torpeza-o-improvisaciaon