Las promesas políticas son redituables, pero son también peligrosas. El pasado jueves el Presidente Ollanta Humala, durante su viaje a la región Junín para la inauguración del programa Jóvenes a la obra y frente a una muchedumbre entre la que se apreciaba un concurrido grupo de trabajadores de La Oroya (Doe Run), exclamó con contundencia: “Mis palabras a los trabajadores de La Oroya. Quiero decirles que estamos con ustedes y en mi próximo viaje me voy a La Oroya. Vamos a resolver el problema de Doe Run”
¿Qué significa esta promesa de “solucionar el problema de Doe Run” a pocos días del 7 de octubre, fecha en que se producirán los informes orales ante el Tribunal del Indecopi, precisamente en relación con el proceso de insolvencia de Doe Run Perú S.R.L. ¿Se trata de una mera promesa lanzada para el auditorio o es el anuncio de algo más?
La audiencia fijada por el Tribunal del Indecopi para mañana 7 de octubre tratará nada menos que acerca del derecho de los acreedores vinculados de Doe Run Perú a votar en la junta de acreedores de dicha empresa, derecho que fuera suspendido por orden de una medida cautelar dictada por un Juez civil a pedido de la empresa Consorcio Minero S.A., también acreedora de Doe Run Perú. La discusión central de la apelación consiste en determinar si el Indecopi debe cumplir la medida cautelar y privar del voto a Doe Run Cayman Ltd., la acreedora vinculada y además dueña de Doe Run Perú.
¿Por qué se dictó esa medida cautelar? ¿Qué pasa con la deuda de Doe Run Perú a sus accionistas? Como se ha señalado en diversos informes periodísticos, la deuda de Doe Run, de nada menos que 139 millones de dólares, es una deuda controversial. Esta inmensa deuda habría pasado inicialmente “desapercibida” para...
el Indecopi, que la admitió como parte de la insolvencia de Doe Run Perú sin mayor análisis. Dicha deuda constituye, a la fecha, la más grande de todas las deudas reconocidas por el Indecopi en ese proceso de insolvencia y su importancia es, por tanto, evidente: si el acreedor (Doe Run Cayman) puede votar en la junta de acreedores con esa deuda, las decisiones sobre Doe Run Perú estarán inevitablemente en manos de sus propios accionistas y no de sus legítimos acreedores.
En otras palabras, la batalla legal que se desencadenará en el Tribunal del Indecopi este jueves 7 de octubre decidirá el control sobre el proceso de insolvencia de Doe Run Perú. ¿Quién controlará los destinos de esta empresa? ¿Los acreedores a los que no se les paga desde hace más de un año o el Sr. Ira Rennert, dueño último de la controvertida Doe Run Perú? ¿Lo segundo es lo que se está cocinando en los pasillos y ambientes del Indecopi?
Pero, ¿es fraudulenta la deuda de Doe Run Perú a su accionista Doe Run Cayman? Según fuentes del sector minero, “se trata de una deuda ilegal en el medio de un escandaloso fraude que afectó incluso al Estado peruano. La historia comienza con el proceso de privatización del Complejo Metalúrgico de La Oroya, cuyo ganador fue un consorcio conformado por Doe Run Perú. La privatización exigía un pago de 123 millones de dólares al Estado peruano por la compra de La Oroya y, además, una inversión de capital inmediata de 126 millones de dólares como aporte para La Oroya. En total: 249 millones de dólares de inversión extranjera, nada desdeñable para el país. Sin embargo, producida la privatización en octubre de 1997, de inmediato comenzó el escándalo. Los dueños de Doe Run se prestaron de terceros todo el dinero necesario para la privatización, pero el mismo día que efectuaron la inversión de 126 millones de dólares en La Oroya, esta última le “prestó” 125 millones de dólares a la empresa Doe Run Mining, de propiedad del Sr. Ira Rennert. Es decir, la famosa “inversión extranjera” en este caso fue retirada de La Oroya el mismo día en que se efectuó. Este “préstamo” nunca fue devuelto a La Oroya. Se esfumó a través de complejas fusiones entre empresas relacionadas todas de propiedad final del Sr. Ira Rennert. La privatización de La Oroya nació, así, sin verdadera inversión extranjera y con una grosera defraudación al Estado peruano”.
“Pero las cosas no acabaron allí: el préstamo que tomó Doe Run para pagarle al Estado peruano los 123 millones de dólares por la compra de La Oroya no ha sido pagado por el Sr. Ira Rennert. ¿Quién va a pagar ese préstamo. Sí, nada menos que La Oroya (hoy denominada Doe Run Perú). Increíble: ¡la empresa privatizada es la que termina obligada a pagar el préstamo que tomó el Sr. Rennert para comprarla! Sin duda, una jugada financiera maestra que le ha “arrimado” a Doe Run Perú un pasivo tremendo que hoy asciende a nada menos que 139 millones de dólares. ¿Le suena familiar esta cifra? Sí, se trata nada menos que de la famosa deuda de Doe Run Perú que ha sido reconocida por el Indecopi a Doe Run Cayman. ¡La famosa deuda vinculada cuyo destino será juzgado este jueves por el Tribunal del Indecopi!”, agregan los especialistas consultados.
Esto es lo que ha motivado no solo que exista una demanda judicial en el fuero civil en la que se busca obtener la anulación de la deuda vinculada de Doe Run Perú, sino que además ha dado lugar a la apertura de una investigación penal por parte de la 12ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, la cual ha concluido la presumible existencia de delitos en el accionar de Doe Run Perú y sus accionistas. . Según el estudio Benites, Forno, Ugaz & Ludowieg, Andrade Abogados, se trata de un delito de defraudación tipificado en el artículo 96 del Código Penal, por el que defrauda al Estado al no aportar el capital pactado.
Pero esto no parece ser historia nueva, ya que este año el congresista Javier Diez Canseco denunciaba un “faenón” en el caso Doe Run, precisamente hablando de la aparente fraudulencia que se esconde detrás de las deudas vinculadas de la citada empresa para con sus accionistas.
Lo que sí es historia nueva es que de pronto el Presidente de la República diga públicamente que va a “solucionar el caso Doe Run”, cuando el señor Presidente nada tiene que hacer ni tendría que interferir en la actuación y decisiones del Indecopi. Y también es novedad que “coincidentemente”, justo después de estas declaraciones, de pronto los dos miembros del Tribunal del Indecopi, que son los únicos abogados en esa sala (y prestigiosos además) de pronto sean excluidos del pronunciamiento sobre el caso.
En efecto, este diario ha tomado conocimiento que el vocal Juan Luis Avendaño habría sido aproximado, presionado e incluso amenazado por personas interesadas en defender a Doe Run y sus accionistas, a tal punto que se habría inhibido de participar en la decisión del Tribunal del Indecopi “por razones personales”. En ese mismo derrotero, Doe Run Cayman habría presionado y hasta recusado al vocal Alfredo Ferrero (quien hace poco se encontró nada menos que con el Presidente Ollanta Humala en su último viaje a Nueva York) por lo que este habría decidido abstenerse de participar en la decisión del Tribunal.
¿Quiénes quedan en el Tribunal? Dos economistas y un ingeniero nada versados en materias legales tan complejas como las que se tendrán que discutir en el Tribunal. ¿Qué deben hacer estos vocales en una situación así, sin la participación de los vocales expertos en leyes? La salida sería confiar en la opinión de la secretaría técnica del Tribunal, cuyo secretario es un abogado versado en materias de insolvencia y competencia.
Pero, menuda casualidad, el domingo 2 de octubre se publicó en El Peruano la renuncia del Sr. Enrique Pasquel Rodríguez al cargo de secretario técnico del Tribunal del Indecopi. Precisamente la persona en la que tendrían que confiar ahora los miembros del Tribunal a falta de sus dos vocales expertos en leyes.
¿Qué se esconde detrás de esta “estampida” de gentes que huyen, se apartan o son apartadas del Tribunal del Indecopi ad portas de la discusión más relevante del caso Doe Run? ¿Será esta la “solución al problema Doe Run” de la que hablaba el señor Presidente de la República? ¿Se siente el Gobierno tan presionado?
Recordemos que no hace mucho Doe Run Perú inició una demanda arbitral contra el Estado peruano reclamando nada menos que 800 millones de dólares, y además le ha exigido al Gobierno que asuma la responsabilidad derivada de las demandas en los Estados Unidos de personas afectadas por la contaminación ambiental en La Oroya.
“Doe Run Perú no solo ha incumplido con todos los plazos y obligaciones ambientales de las cinco extensiones que el Gobierno le ha ido concediendo para que culminen con sus programas ambientales, sino que además le ha echado toda la responsabilidad al Estado peruano”, nos precisa la fuente consultada.
Así, parece que la “solución al problema de Doe Run” pasa por aliviarle la vida a sus dueños, permitirles ganar (una vez más) en desmedro de los acreedores y, a cambio, conseguir que Doe Run se desista de su demanda ante el CIADI y de sus pretensiones indemnizatorias.
Como decíamos al comienzo, las promesas ante el pueblo reditúan, pero son peligrosas. El Gobierno ha empezado su tarea en medio de errores políticos y escándalos que hasta ahora han sido minimizados, pero pasar por agua tibia el “faenón” denunciado por el congresista oficialista Diez Canseco, es otra cosa.
“Tal vez habría que explicarle a los asesores del Presidente Humala que la demanda al CIADI presentada por Doe Run carece, según los especialistas, de pies ni cabeza y que está condenada al fracaso. Tal vez habría que recordarle al Gobierno que salvar a Doe Run es salvar a sus accionistas, esos que se llevaron la inversión extranjera requerida en La Oroya el mismo día que la trajeron al Perú. Tal vez habría que insistir en que la peor respuesta al chantaje social, a la presión vía toma de carreteras y desmanes, es aceptar y bajar la cabeza. Tal vez sea necesario recordar que para ayudar a Doe Run el Estado tendrá que darles por sexta vez un aplazamiento a sus obligaciones ambientales, perpetuando la burla que dicha empresa ha hecho de todas las normas y plazos que se le fijaron”, advierten especialistas a los que diario16 ha consultado.
“El Gobierno debe desmarcarse de cualquier sospecha de corrupción. No debe claudicar ante intereses extranjeros, justamente aquello contra lo cual el Presidente prometió luchar. Apoyar a los dueños de Doe Run (porque, al final, de eso se trata) sería una traición a los ideales que embanderaron la campaña del actual Gobierno”, alertan.
Lamentablemente, el plato que hoy se cocina en el Indecopi huele mal. Y es que los ingredientes que se están utilizando están malogrados. A tiempo está el Gobierno de evitar que se perpetre en Indecopi un nuevo escándalo para el país.
Fuente: http://diario16.pe/noticia/10125-a-qua-se-esta-cocinando-en-el-indecopi
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