Justicia da la espalda a nativos pese a daño ambiental

Desconocimiento del Convenio 169 de la OIT por el Poder Judicial genera conflicto entre la comunidad nativa Tres Islas de Madre de Dios y la minería informal. Dirigentes indígenas denuncian acoso judicial y ministerios no se deciden, mientras el daño ambiental aumenta. El caso podría llegar a la CIDH. LaRepública.pe recogió sus testimonios.
Por: Christian Tinoco
Los dirigentes de la comunidad nativa Tres Islas, ubicada en el distrito de Tambopata, en Madre Dios, vienen siendo perseguidos judicialmente solo por el hecho de ejercer su derecho a la función jurisdiccional contra la tala ilegal, la minería y la prostitución, como lo reconoce el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
En conversación con LaRepública.pe, Vilma Payaba, presidenta de la junta directiva de la comunidad, indicó que desde hace unos años los pueblos indígenas shipibo y ese'eja vienen sufriendo la intrusión de empresas informales que vienen desforestando su ecosistema, a tal punto que construyeron una trocha sin haber pasado por la consulta previa.
"Nosotros queremos que se nos escuchen porque están destruyendo nuestros bosques. Nadie nos ha escuchado. Queremos justicia", reclamó indignada. Su hermana Juana enfrenta una investigación fiscal por siete cargos y podría ser detenida si es que el Ministerio Público lo solicita así.
De momento, el Poder Judicial de Madre Dios ha rechazado todos los recursos para archivar la investigación contra los dirigentes comunales. Mientras tanto, la prostitución clandestina, disfrazada como bares y restaurantes, genera el riesgo de contagio del Sida o hepatitis B. Esta última ha sido mortífera entre los kandoshi, nativos en peligro de extinción, pues el 90% de su población está contagiada por esta enfermedad.
Justicia sin fundamento
Pero, ¿quiénes están detrás de las acusaciones? Reconocida el 24 de junio de 1994 como tal y con título de propiedad, la comunidad Tres Islas subsiste gracias al consumo las plantas, frutos y animales de sus bosques tropicales. Sin embargo, el auge de la minería informal fue facilitada gracias a dos empresas de transporte: Los Mineros SAC y Los Pioneros SCRL.
Sin ninguna consulta de por medio, dichas empresas abrieron una trocha para el ingreso de vehículos a territorio comunal. En respuesta, Tres Islas decidió regularlo, tal como lo establece el artículo 149 de nuestra Constitución respecto a comunidades nativas y campesinas, lo que generó un recurso judicial de hábeas corpus por supuesta violación al libre tránsito.
"Nos han denunciado solo por defendernos", señaló disgustada Juana Payaba, quien vio impotente cómo el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Madre Dios falló a favor de ambas empresas, ordenando la destrucción del local comunal, con la presencia de más de 100 policías.
"Me amenazaron, me violentaron psicológicamente", recordó la exdirigente, quien llegó a Lima para exigir justicia. Gracias a las gestiones del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, el caso llegó al Tribunal Constitucional, pero increíblemente podría ser devuelto al juzgado de Madre de Dios para una nueva revisión, pero a que la Corte Superior de Justicia de ese departamento rechazó todos los recursos.
Estado cómplice
"Son gente con mucho dinero. Hay un desconocimiento total de las leyes a favor de los pueblos indígenas", explicó Zulma Villa Vílchez, abogada del IIDS, en conversación con LaRepública.pe, al precisar que la OCMA inició una investigación preliminar a los magistrados que fallaron a favor de Los Pioneros y Los Mineros.
Sin embargo, la desconexión del Estado con la realidad indígena es tal, que mientras el Ministerio del Ambiente pide estudios de impacto ambiental, el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado licencias de exploración y títulos en Madre de Dios. Un dato más: El exalcalde de Tambopata Luis Alberto Bocangel, quien debió velar por los intereses de las comunidades nativas, es dueño de dragas usadas para la minería.
Consciente de que el asunto puede derivar en un nuevo conflicto social, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante un oficio, dejó en claro que la trocha no pertenece a la Red Vial Nacional, pese a que el Gobierno Regional de Madre de Dios planea una carretera, nuevamente sin consulta previa.
Lo más rescatable en medio de este litigio es el aval internacional a favor de la causa indígena: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recordó a sus Estados miembros el respeto a las jurisdicciones como parte de su autonomía. Lo curioso es que, según Villa Vílchez, Perú es el país con más fallos en contra en la CIDH.
Pero mientras Tres Islas exige justicia, la minería informal ya cobró sus primeros 'muertos': Decenas de hectáreas de bosques han sido depredadas, al igual que lagunas naturales, contaminadas por los relaves. La situación es tan grave, que todo el territorio de la comunidad ha sido dividido en parcelas cuadrantes y son las siguientes víctimas en la lista. Por ello, la comunidad planea llegar a la CIDH, donde seguramente encontrarán justicia.
(LaRepública.pe)

Fuente: http://www.larepublica.pe/03-07-2011/justicia-da-la-espalda-nativos-pese-dano-ambiental