Diversos colectivos universitarios se vienen pronunciando a favor de la pronta discusión de una nueva Ley Universitaria. Una carta al presidente electo Ollanta Humala, exhortándolo a que lo anuncie en su próximo mensaje a la Nación, está recibiendo adhesiones en todo el país y ha generado la conformación de comités en pro de una reforma universitaria.
Desde ayer, se lleva a cabo un Congreso nacional de la Federación de Docentes Universitarios del Perú, que propone lo mismo. Entre los más agudos conflictos sociales recientes, algunos tuvieron como centro el tema universitario. Se trata, pues, del tema más delicado y de mayor urgencia en el ámbito de la Educación.
En la Educación Básica, las líneas matrices de política estatal ya están trazadas y existen las instancias orgánicas para promoverlas (empezando por el propio Ministerio de Educación, que no tiene mayor interés en el ámbito universitario), cosa que no ocurre en la Universidad, no obstante su importancia decisiva para afrontar las tareas del desarrollo nacional.
El nuevo gobierno no puede dejar de incluir entre sus anuncios de reformas, el ámbito universitario. Sería una señal inequívoca de querer encarar los retos del desarrollo nacional. No hay un solo caso de país que haya dado pasos en esa dirección sin un impulso decidido de la Educación Superior. Lo demás es demagogia.
Las condiciones para una reforma de la Universidad Pública, ámbito de directa responsabilidad del Estado, se caen ya de maduras y su anuncio puede permitir a este gobierno acumular políticamente (cuestión clave en su primera etapa) entre la intelectualidad y la juventud universitarias, cuya entrada en la reciente coyuntura cambió la correlación de fuerzas a favor del triunfo de Humala.
Una moratoria en la creación de nuevas universidades hasta la pronta aprobación de una nueva Ley Universitaria, introduciría orden y seriedad en este delicado tema. Es, además, una sentida exigencia de la comunidad universitaria nacional, como lo es la reforma de las universidades públicas y la constitución de un sistema universitario nacional entre ellas.
Ciertamente, no es posible ignorar los intereses de las universidades privadas creadas en el marco del Decreto Legislativo 882, establecido por Fujimori. La inversión privada tiene y debe tener un amplio espacio también en la Educación Superior, con una autonomía que incluya responsabilidad. Lo que no se puede permitir es la estafa educativa. Conviene a esas universidades y al país que se acabe con ello. Lo que hay que hacer, con relación a ellas, es que el CONEAU dé al país efectivas garantías de la seriedad de sus servicios. Ello implica encargar la dirección de este organismo a académicos reconocidos e intachables, cosa que no hicieron García y Chang por clientelismo y por privilegiar sus propios intereses.
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/lo-que-abre-en-educacion-la-hoja-de-ruta_90624.html
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