¿Cómo empezó? El general PNP Guillermo Arteta Izarnótegui, entonces jefe de la dirección territorial de Lima Norte, recibió en la mañana una llamada del entonces jefe de la dirección territorial de Lima Sur, general PNP Raúl Salazar Salazar, para convocarlo a una cena esa noche, en el restaurante Las Brujas de Cachiche, con el segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade.
¿Con motivo de qué la cena?, preguntó Arteta a Salazar. Que no se preocupe, contestó este, que ahí lo hablaban, pero le pidió que llevara papel y lapicero.
Arteta llegó a las ocho de la noche a las Brujas de Cachiche, vestido de civil. Vio que ya lo esperaban en el bar el segundo vicepresidente, Omar Chehade, que estaba acompañado de su hermano Miguel, y también vestidos de civil, los generales PNP Salazar y Abel Gamarra Malpartida. La presencia de este último fue una sorpresa, pues Gamarra era entonces jefe regional de la Policía en Tumbes. De hecho, Arteta se enteró ahí de que Gamarra había llegado especialmente para esa reunión y que se regresaba a Tumbes el día siguiente.
A los pocos minutos pasaron a un privado y entonces se sumó otra persona que se identificó como primo del...
vicepresidente. La cena transcurrió entre la buena comida y la conversación trivial, mientras se entraba en confianza. Salazar y Gamarra parecían tener familiaridad con Omar Chehade.
Terminada la cena, Omar Chehade se levantó y pidió que lo disculpen porque tenía que irse a otro compromiso. Apenas salió el vice, su hermano entró en materia.
Miguel Chehade y su primo les hicieron saber a los generales (sobre todo a Arteta, porque los otros parecían estar mucho más al tanto) que querían coordinar un operativo de desalojo en Andahuasi -que está bajo la administración judicial de sus trabajadores- para que la familia Wong tome el control de la azucarera. Quedó claro que los Chehade actuaban, o se presentaban, como representantes de los intereses del Grupo Wong en el nada dulce conflicto judicial por la administración de la azucarera.
Esa era la razón de la cena: El operativo de desalojo para que el grupo Wong tome el control de Andahuasi. Arteta había sido invitado porque Andahuasi estaba dentro de la jurisdicción de su comando regional. El operativo de desalojo tenía, en consecuencia, que ser dirigido por él.
Los Chehade le dijeron que el Gobierno tenía un interés prioritario en proteger las inversiones. Eso significaba, para los propósitos concretos de esa reunión, apoyar al Grupo Wong ejecutando el desalojo. Arteta, el veterano policía para quien la represión solo se justifica cuando se han agotado todos los otros recursos y cuando se ejectua razonablemente, les contestó que un operativo de esa naturaleza podría causar un gran “costo social” si se realizaba precipitadamente.
Dijo que, en primer lugar, era indispensable tener una orden judicial de desalojo en regla. Y luego hacer un cálculo de riesgo y una apreciación de inteligencia antes de poner en marcha el plan de desalojo.
Miguel Chehade le dijo que la orden judicial no era problema, que le podían conseguir una orden sin fecha ni hora. Arteta repuso que lo que él necesitaba era una resolución firmada por el juez. Que sin eso no podía siquiera empezar a proceder.
Además, Arteta les explicó que la elaboración del perfil de riesgo y el trabajo de inteligencia le tomarían alrededor de un mes. Intervino entonces el general Gamarra, el recién llegado de Tumbes. Este había visto el año pasado el tema de Andahuasi cuando fue jefe de la dirección territorial de Lima Provincias.
Gamarra afirmó que el operativo podía hacerse en un plazo más corto si se empleaban alrededor de 5 mil policías. El hermano del vicepresidente Chehade dijo entonces que el grupo Wong podía hacerse cargo de los costos de movilización de los efectivos y que ofrecería un incentivo a los oficiales a cargo de dirigir el operativo.
Arteta repuso que no era correcto que el grupo interesado pagara la acción de la Policía; y que lo del “incentivo” le parecía mal, especialmente teniendo en cuenta que el presidente Humala había declarado la prioridad de la lucha contra la corrupción. La velada terminó a los pocos minutos, pero antes de irse, el hermano y el primo de Chehade le dijeron al general Arteta que le llevarían pronto la resolución judicial de desalojo.
Pocos días después, el viernes ocho de este mes de octubre, entre la una y las dos de la tarde, ambos llegaron al puesto de comando de Arteta, en el Potao. El general, que estaba en una reunión con sus coroneles, salió de su oficina y los recibió en un pasadizo cercano. Los Chehade le entregaron lo que dijeron era la orden judicial en un sobre manila. Arteta sacó el documento, lo revisó rápidamente y vio que el texto –que ordenaba el desalojo– no tenía ni fecha ni hora. Y tampoco la firma del juez. Arteta les insistió en que para él era indispensable tener un documento que cumpliera con todos los requisitos de legalidad, que además debía llegarle a través de la cadena de mando policial. Los Chehade prometieron hacerlo y traerle la resolución precisada.
A la semana siguiente llegó, en efecto, una resolución, hasta impresa en El Peruano; pero era la de su pase intempestivo al retiro. A los otros dos generales de aquella cena en el privado de las Brujas de Cachiche, no les fue nada mal. El general Salazar, que sirvió de mediador en la reunión entre Arteta y el segundo vicepresidente de la República, para favorecer a un grupo privado, fue nombrado director general de la Policía. Gamarra, a su turno, dejó Tumbes y vino a Lima como jefe de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. IDL-R contactó al general Gamarra y le preguntó sobre la cena. Este respondió que no recordaba si se produjo o no la cena, pese a que apenas había transcurrido una semana. “No me acuerdo. No recuerdo”, dijo, y terminó la conversación.
IDL-R intentó comunicarse repetidas veces con el general PNP Raúl Salazar, pero éste no respondió.
Esta publicación también trató de conectarse con el segundo vicepresidente Omar Chehade y con su hermano, Miguel Chehade. Se dejó mensajes en los buzones de voz de los teléfonos del vicepresidente. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La pregunta era y es simple: ¿Qué hace el segundo vicepresidente de la República en un evidente caso de uso de la influencia de su cargo a favor de un grupo privado, en una controversia? ¿Lo sabía el presidente de la República?
Y una pregunta más. Los resultados de esa conversación ¿han tenido algo que ver con los resultados de la ‘reingeniería’ policial del ministro Óscar Valdés?
ROMINA MELLIA: IDL Reporteros
Fuente: http://diario16.pe/noticia/10367-cosas-de-brujas
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