La reciente declaratoria de la inconstitucionalidad de los decretos de urgencia 001 y 002 (2011) quiebra el espinazo de los “faenones” de la corrupción lobista que pretendió perpetrar el expresidente Alan García, con las entregas en concesión de más de una treintena de inversiones y megaproyectos de infraestructura.
Así lo afirmaron a LA PRIMERA el congresista Víctor Andrés García Belaunde y el analista político Eduardo Toche, además de indicar que la referida acción fortalece la transparencia y el correcto manejo profesional de los asuntos de Estado.
García Belaunde señaló que con esta decisión el Tribunal Constitucional cierra una etapa nefasta del segundo gobierno alanista, que utilizó al estado peruano para hacer negociados con sus principales activos e infraestructuras. “Con esto se cierra una etapa oprobiosa, a la vez que ligera y poco transparente, que dio pie a estos ‘faenones’, los cuales fueron parte de la corrupción del gobierno anterior”, puntualizó.
En ese sentido, el congresista adelantó que el Parlamento tendrá que...
anular ambos dispositivos, en el término de la distancia.
“En todo caso, son decretos que el Congreso los ha observado siempre. No ha tenido tiempo de revisarlos en su totalidad porque son muchos (más de 300)… Me parece muy interesante la sentencia del tribunal. Creo que el gobierno de Ollanta Humala deberá adecuarse y legislar nuevamente”, enfatizó.
Recordó que las comisiones legislativas pertinentes observaron el carácter urgente de estas iniciativas del Ejecutivo aprista, a la vez que de cuestionar la desnaturalización del uso correcto de estos dispositivos, por el régimen de García.
BUENA SEÑALPor su parte, Toche concordó con García Belaunde en pronosticar el fin de los “faenones” y el declive total de la corrupción en la política, al calificar de “correcto y saludable” el fallo del Tribunal, porque se encuadra en la línea planteada por el actual gobierno, enfatizada en la lucha anticorrupción.
“Sobre todo porque estos decretos de urgencia 001 y 002 estaban apartados del ordenamiento constitucional. Por ello, la sentencia es una muy buena señal de la intención política del gobierno y la expresión de los órganos jurídicos del Estado, en este caso la del TC”, remarcó. Estimó también que esta medida del tribunal se complementa con el consenso establecido en torno a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Según Toche, la decisión del órgano de control de la constitucionalidad era esperable, porque se enmarca en un contexto general de combate frontal a la corrupción y, específicamente, a los delitos económicos y financieros. “Creo que la decisión del Tribunal favorece, de manera muy nítida, la intención gubernamental de investigar muchos casos y situaciones oscuras de falta de claridad y transparencia, realizadas por el anterior gobierno”, apuntó.
Javier Soto
Redacción
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/2/fallo-del-tc-obliga-a-revisar-concesiones_96211.html
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