Hay que dialogar

Estado de emergencia y criminalización de reclamos no son la solución, advierte.

Carlos Monge, investigador de DESCO, afirma que nunca funcionaron, ni funcionarán, medidas de fuerza como el estado de emergencia y la criminalización de la protesta social. Monge señala en esta entrevista que el concepto presidencial de que “el subsuelo es de todos los peruanos”, tiene un contenido que va contra la descentralización y la lógica de la Ley de Consulta.

-¿Cómo ve la posición del presidente Ollanta Humala en la crisis del proyecto Conga? -Bueno, creo que ha sido un cambio progresivo que comenzó a principios de año, cuando buscó a los votantes urbanos y de los sectores medios, para poder llegar a la segunda vuelta electoral. Ahí se presentó “el compromiso con el pueblo peruano”, en el cual se aseguraba que se respetaría el Tratado de Libre Comercio (TLC), y los contratos y proyectos ya suscritos o acordados. Parecería que esa decisión política de correr hacia el centro, a fin de acceder a la segunda vuelta, supuso un conjunto de modificaciones, en lo que había sido un discurso, por lo menos en Cajamarca, que tenía un tono antiminero. Y ahora estamos viendo las consecuencias de eso.

-¿Qué opina de lo señalado por el Presidente sobre la importancia del “principio de autoridad, como parte de la unidad política y nacional”?-Bueno, me temo que el principio de autoridad y el autoritarismo son conceptos que están divididos por una línea muy fina. Hay un conjunto de gestos que me preocupan. En primer lugar, me parece que el gobierno no está reaccionando ante un conflicto, buscando entender las causas. Y, en segundo lugar, en vez de construir espacios para un diálogo con los gobiernos regionales y locales, así como con la sociedad organizada de Cajamarca, la respuesta es una suerte de perfil autoritario. Te meto a los militares, te detengo, amedrento o trato de asustar a los dirigentes; y castigo al gobierno regional, con el manejo de sus cuentas. Esto no es afirmar la autoridad, sino comenzar a caer en la tentación del autoritarismo.

-¿Qué significa la afirmación presidencial de que “el subsuelo es de todos los peruanos”, y que si éste “no fuese compartido por todos, no seríamos una república, sino una confederación”? -Si el recurso natural efectivamente depende del subsuelo; y la minería y el petróleo son de todos los peruanos, a la vez que el Presidente de la República es el que va a decidir por todos los peruanos, entonces ¿para qué hacer... consultas? Porque la consulta abre la posibilidad de que alguien diga no. Sino, ¿para qué se concerta? Me parece malo, porque se genera un espíritu que va contra la descentralización y la lógica de la Ley de Consulta.

-¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esas posiciones? -Me parece que van construyendo un cLima que pone en cuestión la descentralización. Y hará reflexionar a los 25 gobiernos regionales. Porque, por ejemplo, el gobierno de la región Puno protesta y se opone al proyecto hidroeléctrico Inambari. ¿Y qué va a pasar? ¿Le van a declarar el estado de emergencia y le van a congelar las cuentas? Esto empieza a tener un aroma antidescentralizador.

-¿Qué tan fuerte, estima usted, puede ser la voracidad y las presiones de las multinacionales extranjeras? -Como es lógico, las empresas presionan para invertir. Esa es su naturaleza y para eso están hechas. El problema no es la voracidad de las empresas, ya que los inversionistas querrán siempre asegurar sus ganancias, sino la debilidad del Estado que, en este caso, tiene una concepción que se resume de la siguiente forma: necesito esa inversión, porque la inclusión social la cubro con programas tipo Juntos, Beca 18, Cuna Más o Pensión 65. Y para eso necesito del aporte minero.

-¿Medidas como el estado de emergencia son la solución?-No. Eso nunca funcionó, ni funcionará. En el Perú, la protesta social estuvo criminalizada durante toda la década de Alberto Fujimori. Y después ha habido muchos intentos de parar la protesta por amedrentamiento, represión, cárcel o juicios. Y sin embargo, la Defensoría del Pueblo constata que la conflictividad sigue en aumento, y que los grandes proyectos que afectan a las poblaciones locales, continúan creciendo. Hay que evitar el recurso fácil de encarcelar o de declarar estados de emergencia. Hay que volver a fojas cero y dialogar con los pueblos y sus autoridades.

-¿Cuál deberá ser la respuesta de los pueblos? -Ya está ocurriendo. La resistencia de Cajamarca, ante la destrucción medioambiental ha causado la suspensión del proyecto Conga. Y habrá que ver qué pasa después.

Javier Soto
Redacción
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/hay-que-dialogar_100986.html