Para el vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, un gran número de Decretos de Urgencia se habrían emitido durante el gobierno de Alan García sin respetar su calidad de ser utilizados solo en emergencias o cuando se requería impostergable atención. Y es por ello que deberán ser sometidos a una investigación para conocer las circunstancias en que fueron firmados.
Según el representante del TC, el Congreso es quien debe definir la responsabilidad política del pasado régimen, por haberse trasgredido la naturaleza del uso de los decretos. "Lo que corresponde evaluar políticamente es si esos decretos contienen en sí mismos delitos o infracciones, o simplemente se trató de una ineficiencia técnica en cuanto a su elaboración", señaló.
Asimismo, explicó que, según un estudio hecho por el Instituto de Defensa Legal (IDL), presentado el 14 de setiembre de este año, 383 decretos de urgencia presentan vicios de inconstitucionalidad y propiciaron presuntos actos irregulares. El documento se denomina: ‘Los decretos de urgencia de Alan García: el abuso y la usurpación de la facultad normativa por parte del Poder Ejecutivo’.
Este estudio también reveló que la...
inspección o evaluación de los decretos de urgencia no solo es competencia del Congreso de la República, sino que “les corresponde estar sujetos también al control constitucional por parte de los jueces”.
SIN CONTROL POLÍTICO
Ante las presuntas irregularidades cometidas en los cinco últimos años con las normas, Álvarez Miranda indica que la responsabilidad también recaería sobre el Congreso pasado, conformado mayoritariamente por apristas (más del 25%), por no haber cumplido su función de control político con el Poder Ejecutivo, competencia complementada en el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, que dice a la letra que “el Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia”.
“(…) el Congreso no cumplió con su labor de control político porque hubo una mayoría parlamentaria que no lo permitió (…), no es solo culpa del Ejecutivo sino que el Congreso no ha cumplido con su labor", puntualizó.
NO HAY INVESTIGACIONES
El legislador Víctor Andrés García Belaunde sostiene que hasta la fecha no se ha iniciado ninguna investigación respecto a las presuntas irregularidades en los 383 Decretos de Urgencia emitidos por el gobierno aprista.
“No se ha hecho absolutamente nada respecto a ese tema (los Decretos de Urgencia)”, reconoció. Cabe indicar que, en agosto pasado, el congresista nacionalista Javier Diez Canseco solicitó que se hagan las investigaciones correspondientes.
Fuente: http://diario16.pe/noticia/9999-gobierno-aprista-desnaturalizao-uso-de-decretos-de-urgencia
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