Fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros señalaron a diario16
que descubrieron que el aprista Manuel Huamán Montenegro, había sido
sentenciado por narcotráfico cuando éste ya había renunciado al cargo de
promotor de la Comisión de Gracias Presidenciales, al que fue designado
durante el gobierno de Alan García.
Pero el origen de las indagaciones se dio cuando el entonces ministro de Justicia y ahora primer ministro, Juan Jiménez, se enteró de que un reo denunció que...
había pagado S/.800 a dos promotores de la Comisión de Gracias para que le tramiten favorablemente una conmutación, lo cual no se cumplió.
Entonces, las sospechas en torno a los cobros a reos por estas gracias en el segundo gobierno aprista dejaron de ser simples rumores.
Ante este hecho, el 28 de junio de 2012, tres representantes de la Secretaría Técnica de la comisión entrevistaron al reo Carlos Alberto Coba Rodríguez, en el penal de Lurigancho, quien confirmó que en 2011 su esposa le entregó S/.800 a los promotores Renato Dávila Asín y Alfredo Lizárraga Garay. Al igual que Huamán, ambos son militantes apristas. La esposa de Coba vendió un televisor y otros enseres para pagar dicha suma.
LLAMADA QUE ES PRUEBA
Según se refiere en la denuncia que después interpuso la Procuraduría Anticorrupción contra Dávila y Lizárraga, Coba no quiso firmar el acta con su declaración porque decía, entre lágrimas, que si lo hacía no le devolverían su dinero. Él aseguraba que el día anterior había hablado con los dos promotores apristas y estos se habían comprometido a devolverle el dinero el 3 de julio.
En ese mismo momento, y para probar que era verdad lo que decía, llamó al celular de Dávila –cuyo número tenía– desde el teléfono de uno de los asistentes. No contestó, pero finalmente fue ubicado en su oficina. Coba le pidió el número de Dávila, pero Lizárraga dijo que no lo tenía.
“Quiero llamarlo para que me devuelva mi plata; quiero que me devuelvan mi plata”, indicó Coba, ante lo que el promotor aprista respondió: “No, no, no sé. Más tarde, más tarde; llama más tarde”. De este modo, Lizárraga confirmaba la versión de Coba.
Todo esto forma parte de la denuncia de la Procuraduría contra Dávila, Lizárraga y quienes resulten responsables, presentada el 6 de julio de 2012 ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
INVITADOS A RENUNCIAR
El caso Coba motivó que el en- tonces ministro de Justicia Juan Jiménez ordenara una reorganización de la Comisión de Gracias, lo cual obligó a su vez la renuncia de Huamán, quien seguramente advirtió que sería echado tarde o temprano.
Fuentes del sector Justicia señalaron a diario16 que una vez dada esta disposición, se invitó a renunciar al personal aprista remanente en la Comisión de Gracias. Algunos lo hicieron pronto, pero todo el proceso recién culminó en setiembre de 2012.
Este portafolio también está recogiendo información detallada para entregarla a las autoridades pertinentes para determinar responsabilidades, tipos de ilícitos penales que se configuran, si fuera el caso, y los presuntos responsables de los mismos.
LO DENUNCIARON POR FALSA DECLARACIÓN
Manuel Huamán Montenegro asegura que el 4 de julio de 2012 renunció a su cargo de promotor de indultos y conmutaciones, de la Comisión de Gracias Presidenciales, por razones estrictamente personales.
No obstante, todo hace pensar que el verdadero motivo de su renuncia fue la Resolución Ministerial 173-2012-Justicia que, un día antes emitió el entonces ministro del sector, Juan Jiménez, ordenando la reorganización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias y la evaluación de su personal.
El temor de Huamán era fundado. En la evaluación dispuesta por Jiménez se confirmaría lo que ya se venía diciendo en el ámbito de esa comisión, de que el aprista había sido condenado por narcotráfico y que no había informado de esto al ser contratado.
El 24 de julio de 2012 la Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas le confirmó al Ministerio de Justicia que Huamán efectivamente había sido condenado a ocho años por ese delito en 2000, aunque salió libre en 2004, con lo cual se comprobó que este abogado aprista le mintió al Estado.
Por ello, el 27 de agosto de ese año la Procuraduría del sector Justicia lo denunció por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo (contra la administración de justicia) y falsedad genérica (contra la fe pública).
Según la denuncia, este delito se configuró cuando Huamán presentó ante el área de personal de Justicia, en setiembre de 2009, una declaración jurada en la que asegura “no haber sido sancionado penalmente por delito doloso en agravio del Estado o terceros”, cuando sí había recibido pena.
La declaración jurada, al igual que otros documentos, son exigidos a todos los que postulan a un puesto en la administración pública. En su defensa, Huamán dijo que él no mintió porque en 2009 sus antecedentes penales ya habían sido anulados.
EL DATO
Según fuentes del Ejecutivo, al Ministerio de Justicia le preocupa que estos hechos signifiquen que haya existido en el Estado una organización criminal organizada que buscaba lucrar con indultos, beneficiar criminales y distorsionar la administración de justicia en favor de oscuros intereses.
LUIS GARCÍA ROJAS
lgarcia@diario16.com.pe
Pero el origen de las indagaciones se dio cuando el entonces ministro de Justicia y ahora primer ministro, Juan Jiménez, se enteró de que un reo denunció que...
había pagado S/.800 a dos promotores de la Comisión de Gracias para que le tramiten favorablemente una conmutación, lo cual no se cumplió.
Entonces, las sospechas en torno a los cobros a reos por estas gracias en el segundo gobierno aprista dejaron de ser simples rumores.
Ante este hecho, el 28 de junio de 2012, tres representantes de la Secretaría Técnica de la comisión entrevistaron al reo Carlos Alberto Coba Rodríguez, en el penal de Lurigancho, quien confirmó que en 2011 su esposa le entregó S/.800 a los promotores Renato Dávila Asín y Alfredo Lizárraga Garay. Al igual que Huamán, ambos son militantes apristas. La esposa de Coba vendió un televisor y otros enseres para pagar dicha suma.
LLAMADA QUE ES PRUEBA
Según se refiere en la denuncia que después interpuso la Procuraduría Anticorrupción contra Dávila y Lizárraga, Coba no quiso firmar el acta con su declaración porque decía, entre lágrimas, que si lo hacía no le devolverían su dinero. Él aseguraba que el día anterior había hablado con los dos promotores apristas y estos se habían comprometido a devolverle el dinero el 3 de julio.
En ese mismo momento, y para probar que era verdad lo que decía, llamó al celular de Dávila –cuyo número tenía– desde el teléfono de uno de los asistentes. No contestó, pero finalmente fue ubicado en su oficina. Coba le pidió el número de Dávila, pero Lizárraga dijo que no lo tenía.
“Quiero llamarlo para que me devuelva mi plata; quiero que me devuelvan mi plata”, indicó Coba, ante lo que el promotor aprista respondió: “No, no, no sé. Más tarde, más tarde; llama más tarde”. De este modo, Lizárraga confirmaba la versión de Coba.
Todo esto forma parte de la denuncia de la Procuraduría contra Dávila, Lizárraga y quienes resulten responsables, presentada el 6 de julio de 2012 ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
INVITADOS A RENUNCIAR
El caso Coba motivó que el en- tonces ministro de Justicia Juan Jiménez ordenara una reorganización de la Comisión de Gracias, lo cual obligó a su vez la renuncia de Huamán, quien seguramente advirtió que sería echado tarde o temprano.
Fuentes del sector Justicia señalaron a diario16 que una vez dada esta disposición, se invitó a renunciar al personal aprista remanente en la Comisión de Gracias. Algunos lo hicieron pronto, pero todo el proceso recién culminó en setiembre de 2012.
Este portafolio también está recogiendo información detallada para entregarla a las autoridades pertinentes para determinar responsabilidades, tipos de ilícitos penales que se configuran, si fuera el caso, y los presuntos responsables de los mismos.
LO DENUNCIARON POR FALSA DECLARACIÓN
Manuel Huamán Montenegro asegura que el 4 de julio de 2012 renunció a su cargo de promotor de indultos y conmutaciones, de la Comisión de Gracias Presidenciales, por razones estrictamente personales.
No obstante, todo hace pensar que el verdadero motivo de su renuncia fue la Resolución Ministerial 173-2012-Justicia que, un día antes emitió el entonces ministro del sector, Juan Jiménez, ordenando la reorganización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias y la evaluación de su personal.
El temor de Huamán era fundado. En la evaluación dispuesta por Jiménez se confirmaría lo que ya se venía diciendo en el ámbito de esa comisión, de que el aprista había sido condenado por narcotráfico y que no había informado de esto al ser contratado.
El 24 de julio de 2012 la Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas le confirmó al Ministerio de Justicia que Huamán efectivamente había sido condenado a ocho años por ese delito en 2000, aunque salió libre en 2004, con lo cual se comprobó que este abogado aprista le mintió al Estado.
Por ello, el 27 de agosto de ese año la Procuraduría del sector Justicia lo denunció por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo (contra la administración de justicia) y falsedad genérica (contra la fe pública).
Según la denuncia, este delito se configuró cuando Huamán presentó ante el área de personal de Justicia, en setiembre de 2009, una declaración jurada en la que asegura “no haber sido sancionado penalmente por delito doloso en agravio del Estado o terceros”, cuando sí había recibido pena.
La declaración jurada, al igual que otros documentos, son exigidos a todos los que postulan a un puesto en la administración pública. En su defensa, Huamán dijo que él no mintió porque en 2009 sus antecedentes penales ya habían sido anulados.
EL DATO
Según fuentes del Ejecutivo, al Ministerio de Justicia le preocupa que estos hechos signifiquen que haya existido en el Estado una organización criminal organizada que buscaba lucrar con indultos, beneficiar criminales y distorsionar la administración de justicia en favor de oscuros intereses.
LUIS GARCÍA ROJAS
lgarcia@diario16.com.pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.