Documentos del Ministerio de Salud y de las direcciones
regionales del sector de los años 90 señalan que programa fue
planificado con.......... metas mensuales y anuales y el número de mujeres que
debían ser intervenidas, aún sin consentimiento.
Elízabeth Prado.
De acuerdo con la denuncia elevada por las víctimas de
esterilizaciones forzadas ante la
Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima,
existen pruebas contundentes que demuestran que esta práctica ejecutada
durante el gobierno de Alberto Fujimori fue una política estatal de
reducción de la población a través de la violación de derechos
fundamentales.
Se trata de documentos oficiales del
Ministerio de Salud y de las direcciones regionales de Salud que señalan hasta las metas mensuales y anuales que debían alcanzar.
A estas
pruebas documentales se añaden múltiples
pruebas de carácter
testimonial, como las declaraciones que dieron médicos, enfermeras y técnicas. Además de los testimonios de las víctimas.
CARTA AL PRESIDENTE
Uno de estos documentos es la
carta SA-DM-Nº0818/97 que el entonces ministro de Salud
Marino Costa Bauer envió al ex presidente
Alberto Fujimori y en la que le informa el cumplimiento del mencionado plan nacional.
"Para los primeros siete meses del año se ha alcanzado un acumulado total de
64,831 AQV (
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria),
lo cual nos estima en 43% de la meta fijada en 150,000 para el 2007.
Solo julio asciende a 12,635, ligeramente inferior a la de junio, que
fue de 13,485, disminución que se explica por las semanas de
Fiestas Patrias en las que no se hicieron campañas", le refería el ex titular de Salud.
PRESIÓN PARA LAS METAS
Otro documento habla sobre la captación de candidatas a la esterilización.
Es el oficio Nº97-CS.CH/salud reproductiva y planificación familiar que el
Centro de Salud de Chiquián, en Áncash, cursa al director del
Hospital de Apoyo de Recuay:
"...se le hace llegar la programación de salida concerniente a la
captación de candidatas AQV que se vienen realizando durante el mes de
junio para la próxima campaña que se realizará el 17 de junio del
presente año...".
En Piura se encontró el
Memorándum Múltiple Nº036-1997-CTAR-RG-DRS-H-D de la
Dirección Regional de Salud, que conmina al personal a llevar pacientes.
"...Se les comunica que deben captar dos pacientes para AQV durante
el presente mes de octubre con el carácter de obligatoriedad. En caso
contrario, se hará el informe correspondiente para rescindir su
contrato, suspender su ampliación de horario e incluir todo en su legajo
personal...", es la orden amenazante emitida en el documento oficial.
El plan nacional de esterilizaciones forzadas fijaba hasta el número
de pacientes que los servidores de Salud debían llevar, tal como se lee
en un comunicado de la
Sub Región de Salud de Huancavelica:
"...el personal nombrado deberá captar dos pacientes para AQV, el
personal focalizado deberá captar tres pacientes para AQV mensual,
personal CLAS deberá captar tres pacientes para AQV mensual...".
Estos documentos evidencian la existencia de decisiones superiores,
que van descendiendo hasta instancias inferiores del sistema de Salud,
para el cumplimiento de las disposiciones ministeriales.
La defensa legal de las víctimas de esta práctica violenta considera que estas y otras pruebas documentales permitirán al
Ministerio Público determinan exactamente quién tomó la decisión y de qué manera se ejecutó esa decisión.
PRUEBAS TESTIMONIALES
La aplicación forzada de este método anticonceptivo quirúrgico
también se demuestra con pruebas de carácter testimonial. Se trata de
declaraciones entregadas por los médicos, enfermeras y técnicos de los
centros de Salud del interior del país, quienes se encargaron de
ejecutar el plan de reducción de la población peruana.
Ellos precisan, sin espacio a las dudas, que fue una imposición que venía desde Lima.
Otras pruebas testimoniales son las que manifestaron las propias víctimas de la
esterilización inconsulta.
En sus declaraciones se advierte que estas mujeres res fueron
engañadas, coaccionadas, y amenazadas para llevar a efecto el proceso de
esterilización.
Es notorio también que este plan de control de la natalidad fue
dirigido hacia ámbitos donde había pobreza e ignorancia. El perfil
determinado de personas-objetivo es claro.
Los delitos que el
Ministerio Público investigará en adelante son secuestro, coacción, omisiones y lesiones seguidas de muerte.
De otro lado, ayer el Ejecutivo aclaró que no es una política actual del Estado la promoción de las esterilizaciones.
LOS DENUNCIADOS POR LAS VÍCTIMAS
La denuncia formulada ante la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal
de Lima alcanza al ex presidente Alberto Fujimori y los ex ministros de
Salud Marino Costa Bauer,
Alejandro Aguinaga Recuenco, y Eduardo Yong Motta.
También a Jorge Parra, ex director del Programa de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar 1997-2000, y los que resulten
responsables por la comisión del delito de lesiones graves en la
modalidad de crimen de lesa humanidad.
Las denunciantes son Hilaria Huamán Huillca, Rudecinda Quilla
Huamán, Serafina Ylla Quispe, Guillermina Huamán Hanampa, Victoria
Huamán Hanampa, y otras.
CLAVES
En 1995, el
Congreso de la República, a pedido del Ejecutivo, modificó la
Ley general de Población
para introducir la esterilización como método de planificación
familiar.En el 2002, la comisión investigadora del Congreso determinó
que las esterilizaciones se efectuaron desde 1995 sin normatividad
acerca de cómo, cuándo, y por quién debían ser ejecutadas.
Fuente:
http://www.larepublica.pe/25-11-2012/esterilizaciones-forzadas-fue-una-politica-de-estado-de-fujimori
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