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| Las instituciones formales no garantizan la seguridad ni la vida Por Gustavo Espinoza M. (*) |
Por nuestrabandera
Hace 27 años, durante el primer gobierno de Alan García la influyente revista francesa “Le Point” aseguraba que la banda delictiva mejor organizada que operaba en el Perú, era la Policía Nacional.
Hoy, después del segundo gobierno de
García y tesoneramente alimentada por el decenio fujimorista, se puede
decir que la fuerza que hizo posible la existencia de esa banda
delictiva, ha confirmado largamente su...
vigencia pero, además, ha extendido su influencia como una singular metástasis, llegando a comprometer todo el cuerpo social.
vigencia pero, además, ha extendido su influencia como una singular metástasis, llegando a comprometer todo el cuerpo social.
Ahora opera no sólo a través de la
Policía Nacional, sino también mediante la Fuerza Armada, el Poder
Judicial, una amplia gama de la estructura del Estado, el Congreso de la
República, los gobiernos regionales y locales. En suma, esta fuerza ha
extendido sus tentáculos hasta convertir al Perú en un país virtualmente
podrido. Cabe decir, sin embargo, que esa realidad no compromete a las
instituciones como tales, sino a las personas que afectan su prestigio y
le restan autoridad social, pese al esfuerzo y al sacrificio de muchos
de los que las integran.
Una serie sucesiva de acontecimientos han
puesto de relieve la inseguridad ciudadana en el marco de este
creciente clima de descomposición, pero han activado también a distintos
sectores y fuerzas que ha ido definiendo su posición en torno a un tema
que compromete la seguridad ciudadana.
El gobierno del Presidente Humala tiene
ante sus ojos un reto de gran envergadura que no puede ignorar, pero que
tampoco podrá enfrentar con medicina casera. Aquí se requiere una
visión objetiva de las cosas y un compromiso real con la ciudadanía,
para proteger a cada quien de los peligros que nos acechan.
Hoy se sabe, pese a la aparatosa
“conferencia de prensa” ofrecida por el general Raúl Salazar y los altos
jefes policiales en la capital, que la “recuperación” de la recién
nacida, hija de Cynthia Morales y Abraham Vela, no fue producto de una “eficiente labor de inteligencia”, sino
más bien consecuencia de la iniciativa del esposo de la secuestradora,
quien -en conocimiento del hecho- optó por recurrir a la policía de
Pisco, antes de verse involucrado en una grave acción delictiva.
Se ha denunciado también que el
delincuente Alex Michel Mejía fue sometido a apremios ilegales -un
eufemismo para no hablar de torturas- a fin que confiese su
participación en el asalto a la Notaría Paíno, que dejara el saldo de
una persona abaleada y una fuerte suma de dinero sustraída.
Nada de esto es reciente. Estamos
virtualmente acostumbrados a que las autoridades policiales se atribuyan
grandes éxitos en unos casos para cubrir –como si fueran cortinas de
humo- diversos entuertos; justificar adquisiciones, o incrementos
presupuestos y ascensos.
El hecho trajo a la memoria centenares de
casos ocurridos en los años de García y Fujimori, y aún antes, cuando
los detenidos eran virtualmente molidos a palos, y terminaban firmando
declaraciones y aceptando delitos, incluso, que colaboraron en el
hundimiento del Titanic. Aparecía así “la admisión de culpa”, que en los
años de Andrei Vychinski era “la reina de las pruebas”.
Creímos que tal práctica había
desaparecido, pero daría a impresión que mantiene vigencia. Y es que
constituye casi un axioma policial asegurar que encontrar la verdad, no es función de ellos. Su tarea, es encontrar responsables de los delitos, “hallar a los delincuentes”, aunque no lo sean.
De la verdad, debe encargarse el Poder Judicial. Lo segundo, es tarea de quien proclama que “el honor es su divisa”,
cuando en realidad su divisa parece ser más bien el terror, y la
corrupción. Y eso se sabe también porque cada vez que los medios de
comunicación informan de un delito, adicionan un detalle: entre los
autores, hay siempre efectivos policiales, en actividad o en retiro.
Recientemente se dio cuenta que en el
último periodo, 1,400 policías en actividad, fueron retirados del
servicio por su complicidad con bandas delictivas. Pero ellos, fueron
reintegrados a la institución por mandato judicial.
¿Y quién dictó tales mandatos? Por
cierto, jueces que revisaron causas y que no vacilaron en darle la
razón a los afectados arguyendo “carencia de pruebas”
para esa sanción. Los uniformados “restituidos” volvieron a la PNP por
la gracia judicial, pero volvieron también a las actividades que los
habían llevado a defraudar la confianza ciudadana. Estos hechos no son
nuevos, por cierto. Tienen luengas barbas y se alimentan de una copiosa
experiencia.
¿Acaso no sabemos que altos mandos de la
PNP estuvieron comprometidos durante décadas en ilícitos penales y que
gozaron de absoluta impunidad todo el tiempo, como fue el caso de Javier Campos Montoya?
¿Acaso no es público que delincuentes uniformados se apoderaron de
jugosas “comisiones” por efecto de la compra de armas en la institución
castrense y que cometieron otros delitos, desde el robo descarado hasta
el crimen organizado pasando por cierto por la violación de Derechos
Humanos?
Altos Jefes militares, como el propio general Nicolás Hermoza Ríos, o el aviador Elesván Bello,
actuaban digitados por el régimen en los años 90. Es verdad que algunos
están aún privados de su libertad -en un centro de reclusión cuasi
privilegiado-; pero también es cierto que no han devuelto un centavo de
lo hurtado, ni han sido degradados -como correspondía- por los
deshonrosos actos de gestión. La Institución los conserva como su
“reserva”.
¿Acaso no constituye una verdad muy
grande que jueces de la Corte Suprema -para no hablar ya de oros de
menor jerarquía- actuaban comprados por la Mafia en los años del
Fujimorato?. Felizmente fueron editados los videos tomados en su momento
en la Salita del SIN, en los que podemos apreciar a “probados
magistrados”, como Alipio Montes de Oca, Luis Serpa o Rómulo Muñóz Arce -entre otros- vendiendo la justicia al peso en los años del Imperio de la Mafia, ¿o no?
¿Y no es verdad que las “malas prácticas” subsisten hasta hoy como se ha demostrado en el contrato con la empresa israelí Global CST, en las que están comprometidos en latrocinios que afectan incluso la seguridad nacional, todos de Rey a Paje?
El tema de fondo radica en comprender que
la corrupción -y la ola delictiva que la complementa- no constituyen
una maldición divina, ni un fenómeno inherente a la naturaleza humana.
Son la consecuencia de un accionar artificialmente montado y preparado
por estructuras organizadas que viven a la sombra de grandes intereses y
disponen de inmensos recursos que les permiten no sólo “aceitar”
maquinarias formalmente inexpugnables, sino incluso comprar conciencias y
complicidades sin ningún apuro. El manejo de la droga, y más
precisamente el Narcotráfico, suele estar en la base de fenómenos de esta envergadura. México, o Colombia, son nombres claves para esta historia
Es un hecho internacionalmente conocido
que los servicios secretos de los Estados Unidos de Norteamérica -y más
precisamente, la CIA- tiene anudados vínculos con los “capos” de la
droga, como los tuvo antes el FBI con Al Capone y la Mafia Americana.
Las memorias de Hoover lo acreditan de modo indubitable. Hoy, las revelaciones de Assange lo confirman.
La historia recientemente vivida en Colombia y protagonizada por Pablo Escobar Gaviria debiera
constituir una lección para todos. La Mafia colombiana tenía
infiltradas todas las estructuras del Estado, los altos mandos militares
y policiales, la vida financiera y la acción política, incluyendo
hasta los “cuerpos de seguridad” de las personalidades que denunciaban
sus fechorías, como el ministro Lara Bonilla, o el candidato liberal
Juan Carlos Galán
¿Habrá en el Perú en los entretelones de
esta crisis de inseguridad ciudadana algún Pablo Escobar metido entre
bambalinas? ¿Quién será? ¿Podrá ser tal vez una poderosa mujer sin
escrúpulos empeñada en vivir holgadamente a costa del país, o quizá un
político corrupto que sueña encaramarse otra vez en el Poder, o tal vez
un santurrón convencido que es “legionario de Cristo” y
encarna la pureza terrenal, como ocurrió con el casi santo Marcial
Maciel en el México de hace algunos años. Y, a todo esto, ¿no tendrán
afanes golpistas? La “revocatoria” ¿no será el primer paso? ¿Vamos a esperar el segundo?
El tema no es episódico, ni local. Ni
siquiera es propiamente un tema delictivo. Es -contrariamente a lo que
piensa el Presidente Humala- un tema eminentemente político que se
corresponde con el accionar de cualquier gobierno que se precie de
combatir la corrupción pero, sobre todo, alentar el progreso y el
desarrollo basado en la defensa de la soberanía nacional.
Asumirlo, es ponerle el cascabel al gato. (fin).
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.pe
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