Fiscalía de la Nación impugna "ley de la coima" 29703

Además, Corte Suprema presenta al congreso proyecto modificatorio. Proyecto de reforma y demanda de inconstitucionalidad buscan frenar cualquier afectación a la lucha contra la corrupción en el país.

César Romero C.
El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, presentará una demanda de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional, para que la ley 29703 no genere ningún efecto legal en el desarrollo de los procesos judiciales por corrupción en el país.
Además, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia presentó ayer al Congreso de la República un proyecto de ley para corregir dicha norma legal. La ley 29703 modificó el Código Penal respecto de los delitos contra la administración pública, con una serie de errores conceptuales y de redacción que debilitaban la lucha anticorrupción.
En este sentido, el proyecto de ley subsana los “errores” en la redacción de los artículos referidos a los delitos de abuso de autoridad, colusión, peculado, malversación de fondos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La Corte Suprema precisó que su nuevo proyecto recoge las opiniones que se generaron en el debate  en el que se aprobó la ley 29703 y las críticas posteriores a la promulgación de dicha norma, para adecuar la norma a un estado constitucional y de lucha contra la corrupción. 
Así, por ejemplo, se propone solo penalizar el delito de abuso de autoridad cuando genere un grave perjuicio  al agraviado, aumentando la pena de dos a cinco años de cárcel. En caso que el perjuicio no sea grave se le considerará falta y se sancionará con servicio comunitario.
En el caso de colusión se plantea que sea un delito de peligro abstracto en el que no solo se sancione la concertación para defraudar al Estado, sino también al uso de cualquier otro artificio para defraudar al Estado, que incluya todas la figuras asociadas a la corrupción a fin de generar lagunas de impunidad.
Respecto al delito de peculado se establecen diferencias de acuerdo al monto del dinero sustraído al Estado, salvo cuando se trate de bienes asistenciales o destinados a programas de apoyo social, cuando la sanción se incrementa, independientemente del valor patrimonial.
En cuanto al peculado de uso se incluye el perjuicio a las empresas públicas y la frase otros bienes públicos destinados al servicio personal por razón del cargo. Respecto al tráfico de influencias se sanciona el ofrecimiento simulado y se cometerá tanto si el funcionario esté conociendo o vaya a conocer un caso.
Se precisa que todos los delitos contra la administración pública generarán una inhabilitación temporal para el ejercicio público del caso, conjuntamente con la pena,  que además se incrementa hasta los cinco años. Actualmente es de solo tres años de inhabilitación.
Las autoridades judiciales y en especial la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción esperan que este nuevo proyecto fortalezca la lucha contra la corrupción, evite la impunidad y precise correctamente las figuras que sean penalizadas por la ley.
Buscará a especialistas
El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, indicó ayer que convocará a especialistas en derecho constitucional para redactar la demanda de inconstitucionalidad que se presentará ante el Tribunal Constitucional contra la ley 29703.
La demanda de inconstitucionalidad busca que la ley 29703 se elimine del sistema jurídico no solo a partir de la fecha que se derogue o se expida la sentencia respectiva, sino también para cualquier posible efecto retroactivo benigno en el que pueden ampararse algunos investigados o procesados.
La presentación de la demanda de inconstitucionalidad y el proyecto modificatorio que presentó la Corte Suprema al Congreso fueron respaldados por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en su sesión de ayer.

Fuente: http://www.larepublica.pe/05-07-2011/fiscalia-de-la-nacion-impugna-ley-de-la-coima-29703