García, los marinos y el chuponeo

Los que han accedido a los expedientes del caso BTR, indican que la lista de los chuponeos es interminable: centenares de páginas señalando los nombres de los interceptados y de la persona con la que conversan, la fecha de la grabación y los códigos de archivos donde se encuentran almacenados, y los casos donde se han hecho las transcripciones; cuatro o cinco páginas dedicadas exclusivamente a la Embajada de Venezuela, y una clara prioridad de personajes políticos o vinculados a la política entre los chuponeados.

Sin embargo, lo que se dijo muchas veces es que la empresa de Ponce Feijoó estaba dirigida básicamente al espionaje industrial y que de pura casualidad se había encontrado con los temas políticos.

La famosa pregunta ¿y quién pagaba los chuponeos?, buscaba subrayar la idea de que algún capitalista había estado persiguiendo a sus competidores y financiando chuponeos que por casualidad habría llegado a enganchar con conversaciones de gente del gobierno.

Igualmente, la consigna aprista repetida por todos sus voceros, que aseguraba que el asunto de los petroaudios era el de una pelea entre empresas petroleras por el control de los lotes de concesión, apuntaba a convencernos que el gobierno y sus pandillas lobistas eran víctimas circunstanciales del feo vicio de las trasnacionales de chuponearse entre sí.

Pero si esto fuera así, cómo se explicaría la reunión del candidato García con Ponce Feijoó en plena campaña del 2006; el papel de Giampietri en la vicepresidencia aprista sin aportar votos propios; los contratos de BTR con el Congreso y otros organismos del Estado; la presencia misteriosa de Gianotti entre Forza y BTR; los préstamos de personal en actividad, equipos e información para los chuponeadores, por parte de la Marina de Guerra, etc. ¿Cómo se explican tantas...
 curiosas coincidencias?

AntecedentesEn el año 1991 se constituye la empresa Forza S.A., dirigida por marinos en actividad y retiro, que ofrecía “servicios integrales de seguridad corporativa”, que en realidad quería decir trasladar métodos militares y de inteligencia a la protección de grandes empresas ubicadas en zonas de conflicto armado o en áreas potenciales de expansión subversiva.

Las concesiones mineras que se multiplicaron en el país generaron la necesidad y los marinos empresarios aparecieron como los especialistas más indicados para asesorar en este sensible campo. Forza S.A. podía ofrecer no sólo el prestigio de los marinos como eficaces perseguidores de terroristas, sino la colaboración de la institución con sus medios técnicos y archivos de información.

Forza S.A. resultó con el tiempo un excelente negocio logrando facturar alrededor de 20 millones de dólares por año, teniendo como sus principales clientes a Minera Yanacocha, Newmont Perú Limited, Sociedad Nacional de Minería y Minera Perú Cooper Sindicate.

Una anécdota que se cuenta sobre sus andanzas es que en el contrato con Yanacocha el gerente de Forza, Wilson Gómez-Barrios, capitán de fragata todavía en servicio, estableció que la empresa minera le entregaría un avión particular para sus desplazamientos.

Claramente Forza SA representaba un modelo de asociación de grupos empresariales con militares que iban dejando sus instituciones por razón de edad pero que veían que la coyuntura les había abierto una veta para enriquecerse. No debe extrañar por ello que entre sus asociados aparecieran Julio Favre y Ricardo Vega Llona, hombres de empresa con fuerte inclinación a los temas de guerra.

Pero, como es evidente, la información que necesitaban Yanacocha y otras era eminentemente política: políticas del gobierno y formas de llegada al poder; situación de la oposición; autoridades regionales y locales; dirigencias sociales y comunales; ONG; subversión; etc. Esto fue convirtiendo a los marinos en una bisagra clave en la nueva configuración de Estado socio de la gran inversión que ha regido durante 20 años.

Siempre chuponearon A comienzos de 2009, el general Hidalgo, jefe de la Dirección AntiDrogas de la Policía (Dirandro) y la Fiscal de la Nación informaron lo que parecía imposible: la captura de todo el equipo de chuponeadores que habían estado detrás de la intercepción, registro y difusión de conversaciones telefónicas que desataron el escándalo de los petroaudios.

¿Cómo lo habían hecho?, ¿una unidad orientada a intervenir el tráfico de Drogas, cómo se transforma en capaz de seguir a operadores de alta tecnología?, ¿quién les dio la pista?

Enterado de que los detenidos eran marinos, el veterano líder del PPC Luis Bedoya Reyes, hizo el siguiente comentario: “Ese es un secreto conocido a voces desde hace décadas. La Marina siempre ha sido muy reconocida en su enorme capacidad para ejercer servicio de inteligencia en todo gobierno”.

Siempre fueron espías. Pero esta vez actuaban desde dentro y desde fuera de la institución, desarrollando diversas alianzas con empresarios y políticos. Todo parece indicar que Giampietri había convencido a muchos de sus amigos que la llegada de Alan García al gobierno abría la mejor perspectiva para los intereses navales.

Su inclusión en la fórmula presidencial representaba así un pacto político, de dos actores institucionales (APRA y Marina), en el que el intercambio era un espacio de actuación política mayor para los uniformados y el retorno era información sobre todo lo que podía ser informado y asesoría en seguridad.

En el 2006, los marinos adquirieron un enorme poder sobre García y su entorno, reflejado en los contratos de Forza, BTR y otras empresas con diversos organismos del Estado; la participación de los directivos y analistas de estas entidades en presentaciones sobre seguridad en Palacio de Gobierno y otros auditorios gubernamentales; la intervención de Giampietri en diversas instituciones como la Contraloría, el gobierno regional del Callao y otras, que luego se revelarían como centros de actuación de los chuponeadores.

2007-2008El segundo año de la administración de García se fueron definiendo las líneas de actuación del segundo gobierno aprista. A comienzos del año 2007, aparecen en escena Peggy Cabral y Fortunato Canaán con su mensaje a favor de los grandes negocios concordados con el Estado y se organiza el plan de lobby de Rómulo León al que luego se incorporaría Bieto Químper.

Al parecer muchas de estas movidas no fueron compartidas con Giampietri, que terminó enterándose de ellos por la forma como se ejercía la actividad de las empresas de seguridad, que conseguían información para sus contratantes, pero al mismo tiempo guardaban archivos de las conversaciones y actividades de estos mismos.

Como Montesinos, que retenía información sobre sus aliados más cercanos, los chuponeadores tenían su mayor seguro en conocer y poder documentar sobre los más cuidados secretos del presidente, los ministros y otros altos funcionarios del régimen. De esta manera lo que habría pasado es que García demoró en descubrir que mientras ordenaba chuponear, él mismo era chuponeado.

Entre el final del 2007 y comienzos del 2008, El Comercio fue contactado y empezó a recibir información seleccionada orientada a convencer a su equipo de investigación que algo gordo se estaba cocinando detrás de las conversaciones grabadas. Curiosamente la persona que hizo el enlace y se convirtió en la proveedora del material era Giselle Gianotti, vinculada al jefe de Forza, Wilson Gómez-Barrios.

En el informe Luízar sobra la comisión investigadora de las intercepciones telefónicas se hace la siguiente anotación: “Existen 105 llamadas del periodista Pablo O Brien al teléfono de Giselle Gianotti, 80 a la empresa Forza y uno al teléfono de Ponce Feijoó en enero del 2008”.

¿Qué quiere decir esto? Que el encargado de la investigación periodística no estaba detrás de BTR sino de Gianotti y Forza, y sólo recurre a Ponce en los días previos a su detención cuando este le alcanza un paquete adicional de audios y trascripciones.

Puede decirse entonces que lo que sabían los investigadores del diario decano no llevaba a descubrir a los espías, o tal vez que O Brien anduvo vinculado a la otra parte del espionaje que no ha sido denunciada.

Giro inesperadoTodo parece indicar que los chuponeadores habían tomado la decisión de colocar en problemas a algunos de los ministros claves de García. La puntería podría haber estado puesta en Hernán Garrido Lecca, metido en asuntos de cemento, banca de consumo, Forsur y obras del sector salud.

Es posible que la idea fuese presionar a García y Del Castillo, tumbándole uno de sus alfiles. Pero las cosas ocurrieron de otra manera. La investigación de El Comercio se interrumpió por el cambio abrupto del directorio y de la conducción del diario.

Versiones del Poder Judicial anotan que la luz roja fue encendida contra una denuncia explosiva, que se trató de enterrar con el insólito argumento de que no valía usas pruebas ilegales para denunciar un delito.

Fuentes del Poder Judicial opinaron en ese momento que la nueva dirección del viejo periódico supo que había grabaciones que comprometían a sus integrantes, así como a otros miembros de la familia.


Raúl Wiener
Unidad de Investigación

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=90015