El segundo gobierno de Alan García batió el récord de duplicar las concesiones mineras. Más de 24 millones de hectáreas en todo el territorio nacional han sido puestas en manos de empresas mineras para la exploración y explotación, según lo precisa un estudio realizado por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET).
Este incremento ha ido de la mano con los conflictos sociales que, en su mayoría, han dejado 103 muertos. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a inicios del año 2006, la administración aprista recibió 86 conflictos sociales y ahora deja para el próximo gobierno más de 220. De esta última cifra, el 50% son conflictos socioambientales.
Las regiones donde la minería ha arrasado en grandes porcentajes son: ...
Piura (27.48%), Junín (24.68%), Cusco (18.12%), Cajamarca (48.47%) y Apurímac (56.52%). El avance de la minería en estas zonas se ha convertido en fuente de conflictos sociales. No es un dato al aire, es el resultado de una investigación del VIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, que dieron a conocer las organizaciones ambientalistas CooperAcción Solidaria para el Desarrollo, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) y de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).
A fin de minimizar la conflictividad en el país, dichas organizaciones resaltaron que es importante que el próximo Congreso discuta la Ley de Ordenamiento Territorial que regula el uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas de explotación minera o petrolera. Así mismo, esperan que se apruebe sin más demoras la ley de Consulta previa a fin de que mejore la comunicación entre el Estado y la población.
Por su parte, José De Echave, director ejecutivo de Fedepaz, sostuvo que entre las alternativas para reducir la conflictividad social en el país, se debe trasladar al Ministerio del Ambiente, la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, y no dejarla solamente en manos del Ministerio de Energía y Minas. “El tema de las concesiones debería ser revisado, conflictos como el de Puno han planteado un cuestionamiento claro y abierto al tema de las concesiones y pensamos que podría haber diferentes mecanismos que permitirían mejorar el tema de las concesiones, por ejemplo, la conexión entre las autoridades nacionales, no hay que olvidarnos que hoy en día las decisiones son tomadas en Lima y los mecanismos de información hacia las regiones son desde nuestras perspectivas insuficientes”, agregó De Echave.
Dichas organizaciones concluyeron que el gobierno aprista deja una herencia sumamente pesada y que los conflictos mineros han aumentado en número e intensidad en los últimos cinco años. Asimismo indicaron que en los últimos seis meses las concesiones mineras han crecido en casi 2 millones de hectáreas.
JESICA LEÓN: jleon@diario16.com.pe
Fuente: http://diario16.pe/noticia/7375-gobierno-de-alan-garcaia-duplicao-conflictos-mineros
Este incremento ha ido de la mano con los conflictos sociales que, en su mayoría, han dejado 103 muertos. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a inicios del año 2006, la administración aprista recibió 86 conflictos sociales y ahora deja para el próximo gobierno más de 220. De esta última cifra, el 50% son conflictos socioambientales.
Las regiones donde la minería ha arrasado en grandes porcentajes son: ...
Piura (27.48%), Junín (24.68%), Cusco (18.12%), Cajamarca (48.47%) y Apurímac (56.52%). El avance de la minería en estas zonas se ha convertido en fuente de conflictos sociales. No es un dato al aire, es el resultado de una investigación del VIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, que dieron a conocer las organizaciones ambientalistas CooperAcción Solidaria para el Desarrollo, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) y de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).
A fin de minimizar la conflictividad en el país, dichas organizaciones resaltaron que es importante que el próximo Congreso discuta la Ley de Ordenamiento Territorial que regula el uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas de explotación minera o petrolera. Así mismo, esperan que se apruebe sin más demoras la ley de Consulta previa a fin de que mejore la comunicación entre el Estado y la población.
Por su parte, José De Echave, director ejecutivo de Fedepaz, sostuvo que entre las alternativas para reducir la conflictividad social en el país, se debe trasladar al Ministerio del Ambiente, la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, y no dejarla solamente en manos del Ministerio de Energía y Minas. “El tema de las concesiones debería ser revisado, conflictos como el de Puno han planteado un cuestionamiento claro y abierto al tema de las concesiones y pensamos que podría haber diferentes mecanismos que permitirían mejorar el tema de las concesiones, por ejemplo, la conexión entre las autoridades nacionales, no hay que olvidarnos que hoy en día las decisiones son tomadas en Lima y los mecanismos de información hacia las regiones son desde nuestras perspectivas insuficientes”, agregó De Echave.
Dichas organizaciones concluyeron que el gobierno aprista deja una herencia sumamente pesada y que los conflictos mineros han aumentado en número e intensidad en los últimos cinco años. Asimismo indicaron que en los últimos seis meses las concesiones mineras han crecido en casi 2 millones de hectáreas.
JESICA LEÓN: jleon@diario16.com.pe
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