Institución rechaza el proyecto del Poder Judicial y pide al Congreso un análisis profundo. San Martín admite que “es perfectible”.
Desde que, el lunes pasado, Perú.21 pusiera al descubierto las intenciones del presidente del Poder Judicial, César San Martín, de tender una mordaza al periodismo de investigación, las voces de rechazo no cesan y vienen de diferentes lados.
Ayer, el defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, se sumó a la corriente que intenta frenar el atropello contra las libertades de expresión y de prensa, y observó con “preocupación” el proyecto que castiga con cárcel de hasta 10 años a los que publican interceptaciones telefónicas.
En conferencia de prensa, dijo que le llama la atención que se someta a un proceso judicial a los periodistas que difunden una información, sea o no de relevancia pública.
Por ese motivo, pidió al Congreso que realice un análisis profundo y prolijo de la citada propuesta para evitar que se vulnere la libertad de expresión, que –subrayó– es uno de los pilares de la democracia.
Indicó que cualquier medida de naturaleza penal o administrativa relacionada con el ejercicio de la libertad de información debe ser respetuosa de los principios que sustenta el Estado democrático.
En opinión de Vega, debería evaluarse otros caminos que no signifiquen la afectación de un derecho fundamental.
En tanto, el vocero de la bancada aprista, Mauricio Mulder, defendió el rol de los medios de comunicación en los destapes de casos de corrupción en las distintas esferas de la administración pública. También se mostró a favor de la difusión de audios o videos ilegales siempre que no involucren aspectos de la vida íntima.
“ES PERFECTIBLE”. Mientras tanto, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, admitió por primera vez que el mencionado proyecto “es perfectible y puede mejorarse”.
Sin embargo, negó que se trate de una norma ‘mordaza’ o que tenga algún interés político en su aprobación. “Menos me interesa pasar a la historia como quien quiso amordazar a la prensa, eso de ninguna manera. Yo fui víctima de estos actos y no hice nada. Es un tema serio que está pasando en el país, con toda una industria de ‘chuponeo’. Por eso creo que debe ponerse control, pero con marcos técnicos serios, rigurosos… Y me someto a las críticas”, insistió.
Al final, San Martín –en lugar de retirar su propuesta, como se lo han pedido diversos sectores políticos– dejó el tema en manos del Congreso. Si bien representantes del fujimorismo, de Alianza Por el Gran Cambio y hasta del nacionalismo se han comprometido a rechazar el citado texto, el riesgo sigue latente.
Ayer, el defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, se sumó a la corriente que intenta frenar el atropello contra las libertades de expresión y de prensa, y observó con “preocupación” el proyecto que castiga con cárcel de hasta 10 años a los que publican interceptaciones telefónicas.
En conferencia de prensa, dijo que le llama la atención que se someta a un proceso judicial a los periodistas que difunden una información, sea o no de relevancia pública.
Por ese motivo, pidió al Congreso que realice un análisis profundo y prolijo de la citada propuesta para evitar que se vulnere la libertad de expresión, que –subrayó– es uno de los pilares de la democracia.
Indicó que cualquier medida de naturaleza penal o administrativa relacionada con el ejercicio de la libertad de información debe ser respetuosa de los principios que sustenta el Estado democrático.
En opinión de Vega, debería evaluarse otros caminos que no signifiquen la afectación de un derecho fundamental.
En tanto, el vocero de la bancada aprista, Mauricio Mulder, defendió el rol de los medios de comunicación en los destapes de casos de corrupción en las distintas esferas de la administración pública. También se mostró a favor de la difusión de audios o videos ilegales siempre que no involucren aspectos de la vida íntima.
“ES PERFECTIBLE”. Mientras tanto, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, admitió por primera vez que el mencionado proyecto “es perfectible y puede mejorarse”.
Sin embargo, negó que se trate de una norma ‘mordaza’ o que tenga algún interés político en su aprobación. “Menos me interesa pasar a la historia como quien quiso amordazar a la prensa, eso de ninguna manera. Yo fui víctima de estos actos y no hice nada. Es un tema serio que está pasando en el país, con toda una industria de ‘chuponeo’. Por eso creo que debe ponerse control, pero con marcos técnicos serios, rigurosos… Y me someto a las críticas”, insistió.
Al final, San Martín –en lugar de retirar su propuesta, como se lo han pedido diversos sectores políticos– dejó el tema en manos del Congreso. Si bien representantes del fujimorismo, de Alianza Por el Gran Cambio y hasta del nacionalismo se han comprometido a rechazar el citado texto, el riesgo sigue latente.
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