Trabajadores del ministerio de la Mujer revelan que población de escasos recursos económicos sería afectada con trasferencias de programas sociales a gobiernos locales. Defensoría ya advirtió complicaciones.
La pobreza y pobreza extrema, que afectan al 31% de la población nacional, no sólo vienen acompañadas de carencias económicas, sino de un pensamiento fatalista que muchas veces está reflejado en distintas patologías sociales, como la violencia familiar, los divorcios, el pandillaje, el trabajo infantil, la deserción escolar, el embarazo precoz, el consumo de Drogas, etc. Para revertir esta situación y como parte de las pocas políticas y programas del Estado que trabajan para fortalecer a las familias, vienen funcionando desde hace varios años los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), que atienden las distintas necesidades de la población en extrema pobreza, pero este retén social podría desaparecer, advirtieron trabajadores de este programa.
Y es que como parte de la puesta en marcha del proceso de descentralización de los programas sociales, los CEDIF –al igual que el Programa de Complementación Alimentaria, el Programa Integral de Nutrición y la Red de Protección Familiar: Wawa Wasis, violencia familiar– pasarán a los gobiernos locales, pero sin...
el adecuado presupuesto, poniendo en peligro estos sistemas de atención integral, así como el óptimo funcionamiento de los municipios que reciban la administración de estos centros, que funcionan en las zonas más pobres del país.
Los CEDIF (parte del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar) son lugares donde se atiende a las familias en situación de pobreza extrema y riesgo social, y están ubicados en zonas urbano-marginales y rurales, donde se da diversos servicios y se desarrolla acciones preventivas promocionales impulsar el desarrollo de habilidades y capacidades, fortalecer los vínculos y la integración familiar, así como la capacitación para la generación de ingresos para las madres jefas de familia y en riesgo social.
Presupuesto recortadoEl Decreto Supremo N° 044-2011-PCM, publicado el 17 de mayo, fijó un plazo de 45 días para la entrega de varios programas sociales del Ministerio de la Mujer a los gobiernos locales; menciona que para los últimos cinco meses de este año, los municipios recibirán poco más de dos millones de soles, cuando lo requerido para la atención de la población más vulnerable, para ese mismo lapso, es de 4 millones de soles, advirtieron integrantes del Cedif, en base a los balances de años anteriores.
Para Carlos Arana Basto integrante del equipo técnico de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), el traslado de estos programas a los municipios es una “bomba de tiempo para las comunas, tal como viene sucediendo con los servicios de salud y Educación que han pasado a los gobiernos locales”, en especial para los alcaldes provinciales y rurales.
Arana también señaló que los municipios rurales vienen lidiando con una serie de carencias tras la transferencia de los servicios de salud y Educación, por lo que temen que ocurra lo mismo con los programas sociales del ministerio de la Mujer. “Los municipios van a cargar con el peso de quedar mal con la población. Estamos pidiendo a los alcaldes que evalúen en qué condiciones van a ser transferidos los programas sociales, ya que sin presupuesto y sin saneamiento de los mismos no se puede garantizar la continuidad de los servicios que se brindan a la población”.
Otro temor de las comunas es que no se deje en claro el futuro de los trabajadores que pasarán a formar parte de las municipalidades, situación que complicaría aún más el acelerado proceso de trasferencia que finalizaría en las próximas semanas si es que el nuevo gobierno no evalúa su replanteamiento, pues están bajo regímenes laborales ministeriales, y pasarían a uno municipal, que contempla sueldos distintos.
Fuentes: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/actualidad/municipios-reciben-bomba-de-tiempo_90522.html
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