Salta pus de Forsur

Contraloría denuncia que existen 14 casos con indicios de delitos en las obras de reconstrucción después del fatídico sismo que azotó el sur el 2007.

La Contraloría General detectó que existen 14 casos probables de comisión de delitos en agravio del Estado por parte de exministros y funcionarios que manejaron el Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), organismo encargado de la remodelación de las ciudades afectadas por el terremoto de Ica en el año 2007.

Los responsables de esas irregularidades serían los exministros del gobierno aprista que manejaron los fondos de reconstrucción, es decir: Hernán Garrido-Lecca (Vivienda), José Antonio Chang (Educación) y Transportes (Enrique Cornejo), los más cercanos al expresidente Alan García.

El resultado de la labor de control, resumida en 184 informes, señala que...
hubo perjuicio económico al Estado e indicios de comisión de delito, así como irregularidades de carácter administrativo funcional en los altos funcionarios, incluidos exministros, alcaldes y funcionarios regionales.

De los 184 informes emitidos, la Contraloría precisó que en 22 de estos informes se encontró responsabilidad administrativa, en ocho se identificó responsabilidad civil y en 14 se detectaron indicios de comisión de delitos en agravio del Estado.

El excongresista Pedro Santos dijo a LA PRIMERA que un informe aprobado por la Comisión de Fiscalización, del período 2006-2011, demostró que existió responsabilidad penal de exministros y altos funcionarios públicos, pero el informe nunca fue sometido al pleno del Congreso, en una evidente maniobra encubridora.

“Lamentablemente, este informe nunca se debatió en el pleno a pesar de mi insistencia, de ese modo se protegió a los exministros y altos funcionarios involucrados en las irregularidades”, dijo el exmiembro de la comisión de Fiscalización, que señaló a los exministros de Vivienda, Educación y Transportes.

Santos dijo que las irregularidades saltaban a la vista y que se perdió la oportunidad de sacar a la luz las evidencias que demostraban que se utilizaron los decretos de urgencia para festinar trámites y permitir a las empresas constructoras hacer lo que les daba la gana con las obras.

Un ejemplo de ello es el colegio Santa Ana, de Chincha, en el que el expediente técnico indicaba que el presupuesto de la obra no sobrepasaba los 8 millones de soles, pero que sufrió la elevación de los costos a 17 millones, luego que se le cancelara el contrato al primer postor. Y eso que no estaba terminada.

“Eso es un claro ejemplo de que las obras fueron sobrevaloradas. Otro caso fue el de la cooperación internacional, cuyos fondos fueron dilapidados con compras totalmente sobrevaluadas”, recordó el exparlamentario nacionalista. Al país ingresaron 109 millones de dólares en donaciones, pero solo se contabilizaron siete millones.

El derroche de dinero durante el período de reconstrucción alcanzó niveles impresionantes e incluso se llegó a contratar supervisores de obra que, por cada viaje, cobraban entre siete mil y diez mil soles, una cifra inexplicable en cualquier país pobre.

Todos estos datos y la solicitud para que todo el expediente sea enviado al Ministerio Público para las investigaciones de ley, así como para la sanción a los responsables de las irregularidades, terminó siendo enviada al archivo gracias al encubrimiento de la directiva del Congreso anterior, dominado por el aprismo.

Pedro Santos considera que las sanciones contra los responsables, incluidos los exministros, deben ser ejemplares para evitar que malos funcionarios se aprovechen de la furia de la naturaleza y dilapiden los recursos del Estado a su regalada gana.


Efraín Rúa
Redacción

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/salta-pus-de-forsur_102834.html